Paulo de Oliveira trabaja como
taxista en la ciudad de Altamira, en el norte de Brasil, pero solo cuando está
desempleado en lo que considera su verdadera profesión, operador de vehículos
pesados, como hormigoneras, camiones y tractores especiales para grandes obras.
Desde hace unos meses conduce
el taxi de un amigo por las noches, mientras espera empleo en la construcción
de Belo Monte, una gigantesca central hidroeléctrica que divide opiniones e
instituciones en Brasil, al aprovechar el caudal del amazónico río Xingú.
Pequeño, en contraste con los
vehículos que maneja, Oliveira vivió en muchos lugares de la Amazonia. “Empecé
en la Fuerza Aérea, un civil entre militares, construyendo aeropuertos,
cuarteles y carreteras en Itaituba, Jacareacanga, Oriximiná, Humaitá y otros
municipios”, desgranó a IPS.
La muerte de una hermana en un
accidente automovilístico lo devolvió a Altamira, donde se dedicó a ser
garimpeiro (minero informal). “Una vez quedé soterrado a 10 metros de
profundidad en un túnel”, recordó.
Se salvó de ese y otros
riesgos y ganó mucho dinero con el oro y el taxi en que transportaba mineros
que le pagaban fortunas para ir y venir entre la ciudad y el “garimpo”. “Pero
gasté todo con mujeres”, confesó.
Luego se fue a Manaus, la gran
capital amazónica de dos millones de habitantes, para la construcción del
monumental puente sobre el río Negro. En la siguiente etapa, Porto Velho, cerca
de la frontera con Bolivia, se olió que algo malo pasaría en las obras de la
central hidroeléctrica de Jirau y abandonó el puesto donde llevaba unos meses.
Días después, en marzo de
2011, estalló la rebelión de los trabajadores, que quemaron 60 autobuses y casi
todos los alojamientos para 16.000 operarios, paralizando por varios meses la
construcción de Jirau y de otra gran central vecina, Santo Antônio, ambas sobre
el río Madeira.
Tras dar tumbos por otras
obras, a los 50 años Oliveira regresó a Altamira, una ciudad de 140.000
habitantes a 55 kilómetros de Belo Monte, donde busca volver a trabajar tras
hacerlo ya en 2013. Pero está difícil, porque la ocupación en esta obra está en
descenso, al estar finalizando la construcción de las estructuras de hormigón.
Y es posible que obreros de su
estirpe, especializados en construcción pesada, ya no tengan futuro en grandes
hidroeléctricas. Belo Monte, por sus controversias, dificultará la realización
de proyectos similares.
La evaluación que se imponga
en el caso de Belo Monte dictará el destino de los planes del gobierno para el
aprovechamiento energético de los ríos amazónicos, los únicos aún con potencial
para generación a gran escala, ya agotada en otras partes de Brasil.
Un estudio del no
gubernamental Instituto Socioambiental indica que de cumplirse los planes de
construcción del gobierno para el periodo 2005-2030, las centrales
hidroeléctricas amazónicas aportarán 67,5 por ciento de la nueva generación
eléctrica de este país de 203 millones de habitantes.
El próximo proyecto de esa
magnitud, São Luiz, sobre el río Tapajós, a oeste del Xingú, enfrenta un
obstáculo aparentemente insuperable: la necesaria inundación de tierras
indígenas por su embalse, vedada por la Constitución brasileña.
Belo Monte, cuyo proyecto
original se modificó para no inundar tierras indígenas, es duramente criticada
por afectar el modo de vida indígena. La fiscalía acusa a la empresa
concesionaria, Norte Energía, de etnocidio y de incumplir obligaciones con
comunidades originarias, que como protesta ocuparon y dañaron varias veces
algunas de sus instalaciones.
São Luiz, diseñada para
generar 8.040 megavatios, y otras centrales previstas para el río Tapajós
enfrentan una resistencia potencialmente más eficaz, al encabezarla un pueblo
significativo en la cuenca, el munduruku, con cerca de 12.000 integrantes.
En el área de influencia de
Belo Monte viven poco más de 6.000 indígenas divididos en nueve grupos y casi
la mitad en ciudades, según dijo a IPS el especialista Francisco Brasil de
Moraes, coordinador sustituto en el Medio Xingú de la Fundación Nacional del
Indígena (FUNAI), el órgano estatal de protección a los pueblos originarios.
Otra batalla, la del
desarrollo local, tiene menos repercusión internacional que la cuestión
indígena, pero puede ser también decisiva para la aceptación de hidroeléctricas
en la Amazonia.
Norte Energía, un consorcio de
10 empresas estatales y privadas y fondos de inversión, destina unos 1,100
millones de dólares en acciones de mitigación y compensación de los impactos
sociales y ambientales en 11 municipios en el entorno de la megaobra.
Esta suma, sin precedentes en
proyectos de este tipo, equivale a 12 por ciento del total de la inversión.
La empresa reasentó 4, 100
familias, desalojadas de sus viviendas para construir el embalse, indemnizó a
otras miles, reurbanizó parte de Altamira y del municipio de Vitoria de Xingú,
incluyendo obras de saneamiento básico, y construyó o remodeló seis hospitales,
30 centros de salud y 270 aulas escolares.
Pese a estas cifras, las
quejas llueven por todos lados.
Norte Energía instaló el
alcantarillado y tuberías en las calles de Altamira, con modernas instalaciones
de tratamiento de agua potable y servida. Pero se demoró 10 meses el acuerdo
suscrito en junio para conectar esas redes a las viviendas, con la alcaldía
gestionando y la empresa financiando.
Y llevará otro tiempo más que
el Consejo edilicio cree una empresa municipal de saneamiento y que el servicio
empiece a operar.
“A mi familia le prometieron
tres casas, porque tenemos dos hijos casados, pero después nos quitaron el
derecho a dos, quizás porque yo, enfermo, no pude reclamar”, lamentó José de
Ribamar do Nascimento, de 62 años, reasentado en el barrio de Jatobá, al norte
de Altamira, el primero construido para desalojados de asentamientos que
inundará el embalse.
Cada vivienda tiene tres
dormitorios, sala, cocina y baño en 63 metros cuadrados, más otros 300 de
terreno, y sus calles están pavimentadas.
Con cáncer de próstata, Nascimento
tiene dificultades para caminar y vive con una pequeña pensión, pero confía en
un futuro mejor para la población local gracias a los empleos que genera la
hidroeléctrica.
“Acá se vive mucho mejor, nuestra vieja casa
se anegaba con las lluvias, caminábamos en el agua, sobre puentecitos de madera
podrida”, comparó su mujer, Anerita Trindade, de 61 años. “A veces falta agua y
no hay transporte para el centro de la ciudad, pero ahora estamos en tierra
firme”, acotó.
Mejor suerte tuvo Francisco
Assis Cardoso que a los 32 años se convirtió en el mayor comerciante de Jatobá.
Su familia de cuatro hermanos obtuvo cinco casas contiguas. Eso le permitió
construir un supermercado en sociedad con la madre y una farmacia. “Yo
trabajaba en una farmacia, es lo que sé manejar”, justificó.
Pero se critica a Norte
Energía por demorar sus promesas de escuelas, autobuses y puestos de salud en
los cinco nuevos barrios y por “las injusticias” en la distribución de
viviendas.
Un Plan de Desarrollo Regional
Sustentable del Xingú busca ir más allá de las compensaciones por desalojo y
otros impactos de las represas. Una coordinación paritaria entre sociedad y
gobiernos elije proyectos que se financian con aportes de Norte Energía.
La Agenda de Desarrollo
Territorial se elaboró con estudios y consultas de un equipo contratado por el
estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que financió 80 por
ciento de la construcción de Belo Monte.
Un tercer desafío de Belo
Monte es probar su validez a críticos de su propio sector eléctrico, que se
oponen a centrales de pasada, las que aprovechan el caudal sin retener el agua,
tienen pequeños embalses y baja generación en el estiaje.
Belo Monte generará como
promedio sólo 40 por ciento de sus 11,233 megavatios de capacidad instalada.
Para no inundar tierras indígenas, redujo su embalsamiento a 478 kilómetros
cuadrados, 39 por ciento del previsto en el proyecto original de los años 80
(Fuente: Mario Osava, IPS).
