El proceso de inhabilitación
de la presidenta Dilma Rousseff dejó finalmente de ser una amenaza que venía
envenenando la política en Brasil. Ahora podrá ser una batalla traumática, pero
a la luz del día.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció el
miércoles 2 que decidió abrir un proceso político para la destitución de la
mandataria, acogiendo la denuncia de tres juristas, entre ellos Helio Bicudo,
cofundador del gobernante Partido de los
Trabajadores (PT), y Miguel Reale Junior, ex ministro de Justicia.
Cunha anunció su decisión
pocas horas después de saberse que el PT votará en su contra en el Consejo de Ética y Decoro de la Cámara que investiga el dinero que él
posee en bancos suizos, presuntamente producto de la corrupción en los negocios
de la empresa petrolera estatal Petrobras, un escándalo que ya incluye a más de
170 políticos y empresarios.
“Cambió el
juego, hay otro tablero con alguna luz, tras meses de incertidumbre. Un proceso
de inhabilitación provoca radicalizaciones no solo en el Congreso legislativo,
sino que involucra a toda la sociedad, pero la esperanza es que el juego sea
más claro, con todas las cartas en la mesa”: Fernando Lattman-Weltman.
Ello confirma lo que ya era comentado
en los medios de comunicación, pero no admitido públicamente por sus
protagonistas: la existencia de un acuerdo tácito, entre el Palacio del
Planalto (sede de la Presidencia) y
Cunha, que obstaculizaba las acciones que pueden acarrear la destitución de
Rousseff y del diputado.
El “abrazo” entre los dos
amenazados tenía detrás la agresiva acción opositora de Cunha, aunque sea
miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principal aliado del
PT en la coalición gobernante.
El PT cuenta con tres miembros
de los 21 del Consejo de Ética. Sus votos son considerados decisivos en el caso
de Cunha, que como presidente de la Cámara tiene la potestad de acoger o no
pedidos de inhabilitación de mandatarios del Poder Ejecutivo.
Los tres diputados petistas
optaron por alinearse con la dirección del PT y la opinión pública que rechaza
a Cunha por abrumadora mayoría, resistiendo las presiones de Planalto, más
preocupado en preservar a la presidenta y contar con condiciones para la
votación legislativa de medidas requeridas por la economía en agravada crisis.
“Cambió el juego, hay otro
tablero con alguna luz, tras meses de incertidumbre”, evaluó Fernando
Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad Estadual de Rio de
Janeiro.
“Un proceso de inhabilitación
provoca radicalizaciones no solo en el Congreso
legislativo, sino que involucra a toda la sociedad, pero la esperanza es que el
juego sea más claro, con todas las cartas en la mesa”, analizó para IPS.
“Cunha acabó, no dispone de
más sobrevivencia ahora que jugó su última carta, entregó el arma de chantaje”,
la acción contra la presidenta Rousseff que venía postergando, sostuvo.
El presidente de la Cámara,
polémico desde nombramiento en febrero, es acusado de violar el decoro
parlamentario, por mentir al afirmar en marzo que no tenía cuentas bancarias en
el exterior, cuando prestó testimonio en la Comisión que investigó la
corrupción de Petrobras.
Pero la Fiscalía de Suiza lo
desmintió meses después y envió documentos sobre sus cuentas a su contraparte
brasileña.
Cunha
acusado de recibir sobornos de empresas
Cunha ya era acusado de
recibir sobornos de empresas que obtuvieron millonarios contratos con la
compañía petrolera, por testimonios de cuatro procesados que decidieron
colaborar con la justicia, revelando lo que saben obtener rebajas sustanciales
en sus posibles condenas.
Por ello es difícil que logre
mantener su condición de diputado. La perderá si el Consejo de Ética considera
que violó las normas del parlamento y el plenario de la Cámara, por mayoría de
sus 513 diputados, aprueba esa acusación.
Pero su caída llevaría varios
meses.
Además él y otras decenas de
parlamentarios investigados podrán ir presos, pero solo con autorización
del Supremo Tribunal
Federal, el único foro que puede juzgar a los miembros de los
poderes Ejecutivo y Legislativo deben ser juzgados.
El juicio parlamentario contra
la presidenta es más incierto, según Lattman-Weltman. Lo más probable es que la
presidenta “logrará superar el desafío, en dura batalla con la oposición y
dependiendo de cómo reaccione la sociedad”.
Inhabilitar jefes del Poder
Ejecutivo en Brasil exige mayoría de dos tercios de los diputados para
autorizar el juicio político, realizado por el Senado, donde también se
necesita mayoría de dos tercios para condenar al procesado por “delito de
responsabilidad”.
El proceso es largo, porque
empieza en una comisión de diputados de todos los partidos, en cantidad
proporcional a sus escaños. En este caso, Rousseff es acusada de violar la ley
de responsabilidad social, por firmar decretos que aumentan los gastos públicos
sin autorización legislativa. La presidenta niega su ilegalidad.
La inhabilitación exige un
delito concreto durante el mandato actual, pero se trata de un juicio político,
con criterios distintos a los jurídicos. El ex presidente Fernando Collor de
Mello fue condenado en 1992 por el Senado, que le quitó sus derechos políticos
por ocho años, mientras el Tribunal Supremo no halló pruebas suficientes para
condenarlo por corrupción.
Grave
efecto en la economía
Un grave efecto de la nueva
disputa política es su reflejo en la economía, ya en recesión desde 2014, que
muchos califican ya de depresión. El tercer trimestre de este año registró una
caída del producto de 4,5 puntos respecto a igual periodo del año pasado. Los
economistas anticipan alguna recuperación en 2017.
Con un índice de desempleo de
7,9 por ciento en octubre, contra 4,7 por ciento en igual mes de 2014, y la
inflación en una tasa anual de 10 por ciento, Brasil sufre una de las peores
crisis de su historia. El caos político agrava la situación, al obstaculizar la
adopción de medidas y crear incertidumbres que reducen inversiones, consumo y
crédito.
Para colmo, pendía la amenaza
de parálisis total del gobierno este mes, por incumplimiento del superávit
fiscal previsto en el presupuesto. Pero el gobierno logró la aprobación
legislativa este mismo miércoles 2 de una ley que le permite cerrar el año con
un déficit equivalente a 31.000 millones de dólares, aliviando la tensión.
Sin eso sería necesario
recortar todos los gastos posibles, incluso agua y energía de edificios
públicos y viajes de la misma presidenta, por ejemplo, a la toma de posesión
del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, el 10 de diciembre.
Fue un triunfo del gobierno,
que logró aprobar varias medidas económicas las últimas semanas, después de
sufrir muchas derrotas durante este año, especialmente en la Cámara, muy
influida por su presidente.
“El liderazgo de Cunha se
vació, ya no tiene poder ni legitimidad para cobrar fidelidad de sus aliados en
cuestiones que no sean la preservación de su mandato”, observó Antonio Augusto
de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de
Asesoría Parlamentaria.
Ante el deterioro del cuadro
político y las dificultades del gobierno, los parlamentarios “están
respondiendo a la presión de la sociedad y de los agentes económicos,
entendiendo que la crisis política no puede paralizar el país”, aseguró a IPS.
El escándalo desatado por la
“Operación Lava-jato (autolavado)”, con fiscales y policías investigando la
corrupción en proyectos petroleros, “tiene preocupados todos los políticos”,
especialmente tras la detención, el 25 de noviembre, de Delcidio do Amaral,
líder del bloque del PT en el Senado.
Leyes recientes, como las del
combate al crimen organizado y a la legitimación de capitales, otorgaron “un
poder inédito, con instrumentos de acción” a los órganos de control como la
fiscalía, la policía federal y los tribunales de cuentas, “reduciendo la
cultura del secreto y ampliando la transparencia”, con positivos efectos para
la política, concluyó Queiroz.(Fuente: IPS/Análisis de Mario Osava).
