
El
mencionado Convenio establece que el Estado debe consultar, a los indígenas que
habitan y cuidan las tierras, donde hay interés en que se invierta, si consideran factible
la presencia de inversionistas y concesionarios sin perjuicio de su hábitat.
Desde
los sucesos de Bagua, donde murieron 34 personas, entre policías e indígenas, la
búsqueda por encontrar vivo o muerto al mayor Bazán ha sido infructuosa. Motivo
por el cual, el abogado de la familia del oficial, Julio Severino, solicitó a
las autoridades correspondientes declarar muerto a Felipe Bazán para que su
viuda, Silvia Pérez, y sus hijas, puedan recibir una pensión del Estado.
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