Carlos Trujillo sigue sin
rendirse después de años de recorrer sin desmayo hospitales, morgues,
prisiones, cementerios y fosas clandestinas de México, en búsqueda de sus
cuatro hermanos desaparecidos.
Este comerciante no ha dejado
pista sin indagar ni piedra que levantar desde que sus hermanos Jesús, Raúl,
Luís y Gustavo Trujillo se esfumaron, los dos primeros el 28 de agosto de 2008
en el estado de Guerrero, y los otros dos el 22 de septiembre de 2010 en una
carretera que une los estados de Puebla y Veracruz, todos en el sur del país.
“El caso no ha avanzado, se le
asignaron a cuatro agentes, pero aún no hay nada concreto, así que yo sigo y
seguiré hasta encontrarlos”, afirmó Trujillo a IPS.
“Cada uno empezó
con su caso particular. No entendíamos qué era la desaparición, tuvimos que
capacitarnos, no sabíamos que teníamos derecho a exigir. La búsqueda empezó con
deficiencias, nadie sabía trabajar en colectivo, fuimos diseñando todo”: Diana
García.
Junto a otros familiares de
desaparecidos, Trujillo fundó el 18 de este mes la organización Familiares en
Búsqueda María Herrera, el nombre de su madre, en uno de los crecientes
esfuerzos de los atormentados parientes de desaparecidos por institucionalizar
las investigaciones que acometen por su cuenta.
“Queremos crear una red de
organizaciones de familiares de víctimas. Una de las prioridades es fortalecer
los enlaces para tener claridad de los procesos de búsqueda, compartir
herramientas. La finalidad es que las propias familias lleven los procesos”,
explicó el activista.
La organización investiga la
desaparición forzada de 18 personas y sus miembros ya localizaron seis personas
vivas, en los últimos dos años.
Con determinación y valentía,
los familiares recorren morgues, estaciones de policía, prisiones,
juzgados, cementerios y fosas clandestinas con el ansia de hallar a sus
familiares desaparecidos, o alguna pista que los acerque a ello.
La simiente de esas
organizaciones brotó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que
en 2011 aglutinó a afectados por la violencia y recorrió el país e incluso
parte de Estados Unidos, para denunciar también la política antidrogas de ese
país.
El fenómeno de la desaparición
forzada explotó desde que el gobierno del conservador Felipe Calderón
(2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación que su
sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, no ha resuelto y que se ha
convertido en una de la peores tragedias latinoamericanas en la historia
reciente.
Pero solo adquirió notoriedad
internacional a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio de
Ayotzinapa, que destapó un coctel de complicidad y corrupción de la policía y el
alcalde del municipio de Iguala con la violenta mafia del tráfico de drogas que
opera en Guerrero.
Cuando se cumplen este jueves
26 cinco meses de su desaparición, los familiares mantienen una incesante
actividad para que los estudiantes aparezcan, pese a que la Procuraduría (fiscalía)
General de República concluyó hace un mes que fue una masacre colectiva.
La crisis humanitaria llevó al
Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones
Unidas a demandar el 13 de este mes a México que legisle, registre, investigue,
repare y brinde justicia a las víctimas de este delito.
La Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha informado que en
este país de 120 millones de habitantes, hay registradas 23 mil 271 personas
desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 2007 y octubre de 2014, en un
dato que no determina el número de aquellas forzadas. Organizaciones humanitarias
delimitan esa cifra en 22 mil 600 en ese periodo.
La mayoría de desapariciones
forzadas se atribuyen a carteles del narcotráfico, que pugnan por las rutas de
distribución hacia el lucrativo mercado estadounidense, en algunos casos con
participación de policías locales o nacionales. Las víctimas son
mayoritariamente hombres entre 20 y 36 años, sin un perfil socioeconómico
único.
“Cada uno empezó con su caso
particular. No entendíamos qué era la desaparición, tuvimos que capacitarnos,
no sabíamos que teníamos derecho a exigir. La búsqueda empezó con deficiencias,
nadie sabía trabajar en colectivo, fuimos diseñando todo”, relató a IPS la
madre de un desaparecido, Diana García.
Su hijo, Daniel Cantú,
desapareció desde el 21 de febrero de 2007 en la ciudad de Ramos Arizpe, en el
norteño estado de Coahuila.
García, madre de otros dos
hijos e integrante de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
en Coahuila está convencida de que solo en forma colectiva se puede presionar
al gobierno para que busque a sus familiares.
Con el apoyo del Centro
Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, un grupo de familiares
se unieron y fundaron Fuerzas Unidas en 2009, que busca a un total de 344
personas.
Además, la organización logró
la Ley local para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas,
vigente desde mayo de 2014, y la tipificación de ese ilícito en su estado.
El drama de los desaparecidos
ha llevado al florecimiento de otras organizaciones de apoyo, tal como Ciencia
Forense Ciudadana, surgida en septiembre para crear una base de datos forense y
un biobanco de datos de ADN.
La iniciativa “apunta a una
búsqueda masiva de identificación, para hacerlo se requiere de un registro de
desaparecidos, una base de datos genéticos y otra de lo que se ha encontrado en
fosas clandestinas”, explicó a IPS una de las fundadoras de la organización,
Sara López.
El proyecto pretende cubrir a
450 familias perjudicadas y 1,500 muestras recolectadas. Hasta ahora, ha
recopilado unos 550 registros y ya tiene representantes, que son parientes de
desaparecidos, en 10 de los 33 estados del país.
Ciencia Forense logró el 16 de
febrero la identificación de Brenda González, desaparecida el 31 de julio de
2011 en Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León, mediante un
peritaje independiente practicado por el Equipo Peruano de Antropología
Forense.
“Con la organización que
acabamos de crear, también intentamos crear una radiografía de los temas de
desaparecidos”, explicó Trujillo.
Hasta que estalló el caso de
los estudiantes de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de derechos humanos
coinciden en que las autoridades hicieron muy poco para combatir el flagelo,
incumpliendo incluso sentencias para que se tomasen medidas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Los familiares viven como en
la canción “Desaparecido”, del francés Manu Chao, que en una letra dedicada a
los miles de desaparecidos latinoamericanos, dice: “llevo en el cuerpo un dolor
que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a
caminar”.
Y dejan aparcadas sus vidas
para vivir entre registros, trámites, cabildeos e innumerables riesgos y
gastos, en busca de los suyos y de otros en igual condición.
Por ahora, “no me interesa
justicia ni reparación del daño. Lo que quiero es saber la verdad, qué pasó,
dónde está. Lo busco con vida pero sé que en el contexto en el que vivimos
puedo obtener otro resultado. Probablemente me tome muchos años y es
desesperante, pero sigo luchando”, aseguró García.
Su organización, Fuerzas
Unidas, elaboró un plan de búsqueda, que incluye análisis de mapas delictivos,
registro genético, campañas de sensibilización, sanción a responsables de
delitos e investigaciones mal hechas, que las autoridades no han adoptado.
“Los familiares conocen mejor
que nadie la situación, conocen lo que hay que hacer. El problema es que no nos
damos abasto para lo que vive México”, subrayó la activista López (Fuente:
IPS).
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