Los países
industrializados accedieron a colaborar en un nuevo programa que busca
canalizar significativas inversiones del sector privado en proyectos mundiales
de infraestructura, particularmente en naciones en desarrollo.
La Iniciativa de Infraestructura Global, acordada el domingo 16 por los
gobiernos del Grupo de los 20 (G-20) países industrializados y emergentes,
no financiará en realidad nuevos proyectos. En cambio, buscará crear entornos
de inversión que sean más receptivos a los grandes inversores extranjeros, y
ayudar a conectar a gobiernos con financiadores.
El funcionamiento de la Iniciativa será vigilado por una secretaría en
Australia, país anfitrión de la cumbre anual del G-20, que tuvo lugar los días
15 y 16 en la ciudad de Brisbane y que hizo de la inversión en infraestructura
una prioridad clave.
Esta oficina,
conocida como Centro de Infraestructura Global, fomentará la colaboración entre
los sectores público y privado, así como con los bancos multilaterales.
Sólo en los
países en desarrollo, se podrán requerir hasta un billón de dólares al año de
inversiones adicionales, aunque actualmente los gobiernos destinan apenas la
mitad de esa suma.
“Con un mandato de cuatro años, el Centro
funcionará internacionalmente para ayudar a los países a mejorar sus climas
generales de inversión, reducir barreras a las inversiones, hacer crecer sus
proyectos en ciernes y ayudar a combinar inversores con proyectos”, señalaron
el primer ministro australiano, Tony Abbott, y el titular del Tesoro, Joe
Hockey, en un comunicado conjunto divulgado el domingo.
“Esto ayudará a mejorar el funcionamiento de los mercados de infraestructura”,
agregaron.
Algunos estiman que, de esta manera, en los próximos 15 años se podrán
movilizar unos dos billones de dólares en nuevas inversiones para
infraestructura. Esta suma se destinaría a redes eléctricas, carreteras y
puentes, puertos y otros grandes proyectos.
El G-20 ha surgido como la principal agrupación multilateral encargada
de promover la colaboración económica. En conjunto, sus miembros representan 85
por ciento del producto interno bruto mundial.
Con el amplio objetivo de estimular el crecimiento económico mundial, la
Iniciativa de Infraestructura Global trabajará para motivar a grandes
inversores institucionales –bancos, fondos de pensiones y otros–
para capitalizar a largo plazo el creciente déficit de infraestructura en el
mundo.
Solo en los países del Sur en desarrollo, estas necesidades podrán
requerir hasta un billón (millón de millones) de dólares al año de inversiones
adicionales, aunque actualmente los gobiernos destinan apenas la mitad de esa
suma.
En los últimos
años, el sector privado se apartó de la infraestructura en los países en
desarrollo y emergentes. Entre 2012 y 2013 solamente, esas inversiones se
redujeron casi 20 por ciento, pasando a 150.000 millones de dólares, según
el Banco Mundial..
“Esta nueva
iniciativa refleja de modo muy positivo una lectura clara de la evidencia de
que hay cuellos de botella y obstáculos en materia de infraestructura, tanto en
el mundo en desarrollo como en el industrializado”, dijo Scott Morris, del
Centro para el Desarrollo Global , un grupo de expertos con sede en Washington,
en diálogo con IPS.
“Desde la perspectiva de los donantes, esto indica que se escucha mejor
lo que estos países realmente están pidiendo”, añadió.
De todos modos, según Morris, no está claro cuáles serán exactamente los
resultados de la Iniciativa de Infraestructura Global.
“El G-20 claramente busca priorizar las inversiones en infraestructura,
pero es difícil tener una idea de dónde están las prioridades”, dijo.
Oportunidad lucrativa
La Iniciativa de Infraestructura Global es el más reciente de una serie
de nuevos programas relativos a la infraestructura que fueron anunciados en el
ámbito multilateral en las últimas semanas.
A comienzos de
octubre, el Banco Mundial anunció un proyecto llamado Fondo para la Infraestructura
Mundial (GIF en inglés), que parece tener un mandato muy similar a la nueva
iniciativa del G-20. Y a fin de ese mes, el gobierno chino anunció la creación
de un nuevo Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB).
Muchos sugieren que los anuncios del Banco Mundial y del G-20 estuvieron
motivados por el forzado ingreso de China a este escenario. Sin embargo, hasta
ahora queda poco claro cuál es la estrategia del proyecto del G-20.
“Con tantas iniciativas discretas que repentinamente se ponen en marcha,
me pregunto si el nuevo proyecto del G-20 no causa confusión”, dijo Morris.
“En este momento es muy difícil ver una división de responsabilidades
entre los proyectos de infraestructura del G-20 y el Banco Mundial. La
diferencia más notoria entre esos dos y el del AIIB es que los chinos ofrecen
capital real para las inversiones”, agregó.
La idea de la nueva iniciativa se originó en una entidad empresarial
asesora del G-20 y conocida como Business 20 (B-20), que dice apoyar
“plenamente” la nueva Iniciativa de Infraestructura Global.
Esta “es un paso crucial en el abordaje del crecimiento mundial y el
desafío del empleo, y la comunidad empresarial aprueba firmemente los
compromisos del G-20 en cuanto a aumentar la inversiones de calidad en infraestructura”,
dijo el lunes 17 el presidente del B-20, Richard Goyder.
“El B-20 estima que mejorar la preparación, estructura y entrega de
proyectos podrá mejorar la capacidad de infraestructura en (aproximadamente) 20
billones de dólares para 2030”, señaló.
Goyder también se comprometió a que el sector empresarial apoye
“fuertemente” los nuevos proyectos.
¿Una píldora envenenada?
A la sociedad
civil, sin embargo, le preocupa que no esté claro si la Iniciativa de Infraestructura
Global impondrá condiciones a los nuevos proyectos a fin de minimizar sus
potenciales impactos.
“Es clave que la Iniciativa y el Centro de
Infraestructura desarrollen procedimientos y prácticas no solo para promover el
desarrollo de infraestructura, sino también para garantizar que los proyectos
sean ambiental, social y económicamente sostenibles para los países y
comunidades anfitrionas”, dijo Lise Johnson, del Centro de Desarrollo
Sostenible de la Universidad de Columbia, entrevistada por IPS.
Destacadas políticas multilaterales de salvaguardas, como las que usa el
Banco Mundial, suelen no aplicarse a las asociaciones público-privadas, que
probablemente estarán en la mira de la nueva iniciativa del G-20. Además, las
limitaciones regulatorias pueden resultar demasiado espinosas desde el punto de
vista político para que el G-20 forje un nuevo acuerdo.
“En la evaluación
2013 de la iniciativa de infraestructura del G-20 que hizo el Grupo de Trabajo
sobre Desarrollo del bloque, solo se ‘estancó’ un elemento de toda la agenda:
el relativo a las salvaguardas ambientales”, dijo a IPS la directora del
programa de Gobernanza Económica en la Fundación Heinrich Böll, Nancy
Alexander.
El G-20 siempre sostuvo que “esas políticas son asuntos de soberanía
nacional”, enfatizó.
Ahora el bloque
espera que billones de dólares en gasto de infraestructura creen hasta 10
millones de empleos a lo largo de los próximos 15 años, disparando el
crecimiento económico mundial. Pero Alexander se pregunta si este gasto será
una “fórmula mágica” o una “píldora envenenada”.
“Algunos de nosotros somos suficientemente viejos como para recordar
cuán imprudentemente se gastaban los petrodólares de los años 70 y 80, en
especial en infraestructura… Luego, prestamistas inescrupulosos intentaron
obtener ganancias rápidas sin considerar las consecuencias sociales,
ambientales y financieras, incluyendo deudas impagables”, señaló.
“Viendo la devastación que sembró la infraestructura mal concebida,
muchos de nosotros trabajamos para crear sistemas de transparencia,
salvaguardas y recurso ante los bancos multilaterales de desarrollo, sistemas
que ahora se considera insumen demasiado tiempo, son costosos e imperialistas”,
expresó Alexander (Fuente: IPS).
