El informe de la
"megacomisión" sobre colegios emblemáticos, aprobado en el Congreso,
deja como lección que las autoridades no deben emitir decretos de urgencia sin
control, como se hizo en el segundo gobierno aprista, dijo hoy el ex integrante
de este grupo investigador, Juan Pari.
“La enseñanza que debe tener
la clase política es que los decretos
de urgencia no son prerrogativas que se pueden promulgar y asumir,
irresponsablemente, para hacer un forado legal y evadir los controles del
sistema de inversión pública nacional”, manifestó el legislador.
Explicó que los decretos de
urgencia son prerrogativas
constitucionales muy especiales, ante situaciones de emergencia de
carácter económico y financiero, y no
para adjudicar -vía contrato directo- obras como las realizadas en los
colegios emblemáticos durante el gobierno anterior.
A su criterio, los trabajos de
remodelación y modernización de estos colegios emblemáticos y centenarios
deberían estar dentro de un programa regular de infraestructura educativa de
cada gobierno, sin necesidad de recurrir a estas normas especiales para
“saltarse los procesos”.
“Esto tiene que estar como una
parte normal de un programa educativo de gobierno, es parte de lo que implica
la inversión en infraestructura educativa que necesita el país y que siempre
todo gobierno tiene que estar haciendo”, comentó Pari.
Como se recuerda, el pleno del
Congreso aprobó ayer dos informes de la
megacomisión que en el Parlamento investigó el segundo gobierno de
Alan García (2006-2011), correspondientes a los casos Business Track (BTR) y
colegios emblemáticos.
Este último, sobre la
remodelación de colegios emblemáticos en el régimen anterior, fue aprobado por
57 votos a favor, ocho en contra y 17 abstenciones.
Dicho documento de la
megacomisión recomienda acusar
constitucionalmente al ex presidente aprista por una supuesta falta a la
Constitución al promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009, que permitió
adjudicar de manera directa estas obras.
Por este mismo caso, en el informe de la
megacomisión también se pide
formular una denuncia penal contra el ex ministro de Educación, José Antonio
Chang, por la presunta comisión de delitos relacionados con la ejecución
de este programa de modernización educativa (Fuente: Andina).
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