En el segundo aniversario de
uno de los peores accidentes industriales en la historia moderna, un informe de
Human Rights Watch (HRW) denuncia que el sector textil de Bangladesh sigue
aquejado de la misma cultura de abusos y falta de garantías que causó la muerte
a más de 1.100 personas hace dos años.
El Rana Plaza, un edificio de
ocho pisos que alojaba a cinco fábricas textiles en Dacca, se desplomó el 24 de
abril de 2013. Además de los numerosos muertos, el accidente dejó lesionadas a
más de 2.500 personas en el país de Asia meridional de 156 millones de habitantes.
En su momento, los
trabajadores tuvieron la esperanza de que la tragedia acabaría con los abusos
laborales. Pero el informe de HRW, una
organización de derechos humanos con sede en Nueva York, indica lo contrario.
Basado en entrevistas con unos
160 trabajadores de 44 fábricas, principalmente dedicadas a la confección de
prendas vendidas por empresas minoristas en Australia, Europa y América del
Norte, el informe publicado este jueves 23 concluye que las normas de seguridad
en Bangladesh siguen siendo malas, que los abusos laborales son comunes y que
el acoso sindical, incluidos los ataques violentos y la intimidación de los
sindicalistas, son la norma.
Algunos de los entrevistados
dicen que fueron golpeados con hierros. Otros denuncian que sus familias fueron
amenazadas de muerte. Una embarazada habría sido agredida con barras de cortina
metálicas. Para miles de que los cuatro millones de personas que trabajan en el
sector textil, este tipo de brutalidad es parte de su vida cotidiana, según
HRW.
Aunque no sufran agresiones
físicas, las y los trabajadores de las aproximadamente 4.500 fábricas que
componen la enorme industria de la vestimenta en Bangladesh casi seguramente
padecen otras injusticias, como horas extras no remuneradas, abusos sexuales o
verbales y condiciones de trabajo inseguras e insalubres.
Tras el accidente del Rana
Plaza en 2013, los funcionarios gubernamentales, poderosas asociaciones
comerciales y empresas extranjeras que compran la ropa confeccionada en
Bangladesh se comprometieron a remediar las fallas del sector textil, que
exporta 24.000 millones de dólares en mercancías por año.
A lo largo de la cadena de
suministro se prometió que una tragedia de este tipo no volvería a repetirse
jamás. Pero esas promesas no se cumplieron.
La violación de las leyes
laborales
En diciembre de 2014, el
gobierno de Bangladesh aumentó el salario mínimo de los obreros de 39 dólares a
68 dólares mensuales. Si bien fue un avance considerable, los trabajadores
pretendían un mínimo de 100 dólares al mes.
Por otra parte, la aplicación
ha sido lenta. Según Moshrefa Mishu, presidenta del Foro de la Unidad de los
Trabajadores Textiles, que representa a 80.000 trabajadores, solo 40 por ciento
de las empresas cumplen con la ley del salario mínimo.
Mishu señaló que las mujeres,
que constituyen el grueso de la mano de obra del sector, son el “alma” de esta
industria vital que produce 80 por ciento de los ingresos de exportación y
aporta 10 por ciento del producto interno bruto anual del país. Sin embargo,
son víctimas de “salarios de explotación” debido a que los minoristas exigen
precios competitivos, añadió.
De hecho, muchos propietarios
de fábricas concuerdan en que la presión de las empresas que hacen pedidos a
granel para agilizar las líneas de producción y mejorar los márgenes de
ganancia contribuyen con la mala situación laboral, ya que los minoristas de
marca rara vez incluyen el factor del cumplimiento de las normas de seguridad y
laborales en su cálculo de costos.
Los “costos financieros son
pesados para los propietarios de las fábricas”, aseguró Meenakshi Ganguly,
directora de HRW en Asia meridional. “Ellos argumentan que una pequeña
transacción sobre el margen de ganancia puede hacer mucho para ayudar a las
fábricas de Bangladesh a cumplir” las leyes, añadió en diálogo con IPS.
Dondequiera que esté la culpa
del incumplimiento, son innegables las consecuencias negativas para los
trabajadores, y especialmente para las obreras.
Una encuesta realizada en
abril de 2014 por la organización internacional no gubernamental Democracia Internacional reveló que 37 por ciento de los trabajadores
denunciaron que no se les pagaba la licencia por enfermedad, y 29 por ciento
carecía de la licencia de maternidad remunerada.
A quienes no cumplan con las
metas de producción se les descuentan los salarios, mientras que la
investigación de HRW indica que “los obreros en casi todas las fábricas”
investigadas se quejaron de no recibir los sueldos o beneficios en su totalidad
o a tiempo.
Las horas extras sin el
consentimiento de los trabajadores son sumamente comunes, así como las pésimas
instalaciones de saneamiento y el agua potable contaminada.
La negociación colectiva, un
negocio arriesgado
Ante esta situación, muchos
trabajadores son conscientes de que su mejor oportunidad para obtener
condiciones dignas de trabajo radica en su capacidad de negociación colectiva.
Pero el acoso sindical y otras
actividades antisindicales son habituales en el sector textil, y muchos
sindicalistas son golpeados hasta que se someten y decenas de personas
aterrorizadas para mantenerlas dóciles.
Aunque Bangladesh ratificó los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad
sindical y negociación colectiva, quienes intenten ejercer esos derechos se
enfrentan a duras represalias.
“Fui arrestada y encarcelada
siete veces, pero me dejaron en libertad porque no encontraron pruebas contra
mí”, destacó Mishu, del Foro de Unidad de los Trabajadores Textiles.
“El único cargo del que me
acusan es el de hablar a favor de los trabajadores. Cada vez que alzamos la voz
contra los propietarios de las fábricas textiles, en lugar de negociar con
nosotros aplican la fuerza para silenciarnos”, sostuvo.
El testimonio de Mishu refleja
numerosos incidentes similares registrados en el informe de HRW, que incluye un
ataque en febrero de 2014 contra cuatro activistas de la Federación de
Bangladesh por la Solidaridad Obrera, por el cual uno de ellos quedó herido de
tal gravedad que debió pasar 100 días hospitalizado.
Su único “delito” fue ayudar a
los empleados de la fábrica de propiedad coreana Chunji Knit a llenar
formularios de inscripción al sindicato.
“Encontramos que los
propietarios de las fábricas… emplean a matones locales para intimidar y atacar
a los organizadores sindicales, a menudo fuera del predio de la fábrica”,
explicó Ganguly, de HRW. “Y entonces alegremente niegan su responsabilidad
diciendo que los ataques no tuvieron nada que ver con la fábrica”, añadió.
En uno de los peores ejemplos
de actividad antisindical, HRW informó que el activista Aminul Islam fue
“secuestrado, torturado y asesinado en abril de 2012, y hasta la fecha no se ha
encontrado a sus asesinos”.
Aunque las reformas, duramente
conquistadas, elevaron el número de sindicatos registrados oficialmente en la
Dirección de Trabajo de apenas dos en 2012 a 416 en 2015, la representación
sindical sigue siendo escasa. Solo 10 por ciento de las fábricas textiles están
sindicalizadas en Bangladesh (Fuente: Kanya D´Almeida, Naimul Haq. Foto: Obaidul Arif, IPS).
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