Siete de los 20 muertos en la
agitación callejera que vive Venezuela desde la segunda semana de febrero,
recibieron balazos en la cabeza, una muestra de cómo las armas acompañan la
lucha política en este país petrolero.
La Fuerza Armada y las
policiales, más unos pocos miles de civiles autorizados, portan legalmente
armas de fuego, pero hay diseminadas cientos de miles de armas ilegales, quizás
millones, según Amnistía Internacional.
La Constitución de 1999
“prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el
control de manifestaciones pacíficas”, dijo a IPS el activista Marino Alvarado,
de la organización humanitaria Provea.
Pero, ¿quién tiene o emplea
las armas mientras algunas áreas urbanas muestran, cada atardecer, humo de
granadas lacrimógenas mezclado con el de barricadas que arden y el resueno de
disparos que hacen desconocidos desde vehículos, principalmente motocicletas?
El primer baleado, el 12 de
febrero, fue el carpintero Bassil Dacosta, cuando culminaba una marcha
opositora en el centro de Caracas. Agentes del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política) estaban presentes en el lugar
–ignorando una orden de acuartelamiento, según el presidente Nicolás Maduro—,
así como miembros oficialistas denominados genéricamente como “colectivos”.
La inmensa
mayoría de los colectivos son agrupaciones vecinales pacíficas, simpatizantes
del oficialismo, que apoyan tareas sociales del gobierno o desarrollan las
propias.
La segunda víctima, en el
mismo escenario, fue Juan Montoya, líder de uno de esos colectivos e
identificado con una credencial de la policía caraqueña.
Siguieron, en los estados centrales
de Carabobo y Aragua, una joven modelo que debutaba como manifestante, un
vecino que cerraba el portón de su urbanización al acercarse motoristas
hostiles, y un sargento de la Guardia Nacional cuando despejaba escombros en
una barricada.
Una estudiante murió por
perdigones disparados a quemarropa, los heridos por proyectiles con plomo o
plástico son decenas.
La represión de las
manifestaciones en más de 50 centros urbanos está principalmente a cargo de la Guardia
Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad interna semejante a la policía de
Carabineros de Chile o a la Guardia Civil española, y un componente de la
Fuerza Armada junto al ejército, la marina y la aviación.
La Fuerza Armada, sumando sus
distintos componentes, cuenta con unos 135.000 efectivos en este país de casi
28 millones de habitantes.
Dentro de la Guardia Nacional
ha estado muy activa frente a las protestas la Guardia del Pueblo, creada en
2011 por el entonces presidente Hugo Chávez (1954-2013) para funciones de
vigilancia y seguridad ciudadana.
También actúa la Policía
Nacional Bolivariana, creada en 2009, en tanto deben abstenerse por ley los
cuerpos policiales regionales y municipales, algunos de ellos bajo jurisdicción
de alcaldes opositores.
Pero la novedad, por su
despliegue en Caracas y en media docena de ciudades del interior, la
constituyen los colectivos, grupos de civiles que se identifican como
oficialistas y cuyos integrantes, desplazándose en motocicletas y con armas en
la mano, han actuado contra manifestantes, comercios, residencias y vehículos
en barrios opositores.
“El patrón de conducta de esos
grupos ratifica la tesis de una muy probable coordinación con la Guardia del
Pueblo para actuar al margen de la Constitución, con su exhibición y uso de
armas de guerra”, dijo a IPS la directora de la organización no gubernamental
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Rocío San
Miguel.
Algunos de esos grupos
surgieron en la barriada popular 23 de Enero, en el oeste de Caracas, a partir
de remanentes de guerrillas urbanas anteriores a la llegada de Chávez al
gobierno, en 1999, y ejercen control de pequeñas parcelas de territorio.
“Son bandas parapoliciales,
que controlan desde la seguridad hasta el microtráfico de drogas y otros
delitos en sus espacios, al margen de la autoridad del Estado, y se escudan
para ello en una supuesta lealtad al oficialismo”, dijo a IPS el director de la
organización no gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño.
Luego del asesinato de Juan
Montoya, algunos de sus compañeros del colectivo Leonardo Pirela en la barriada
23 de Enero velaron el ataúd vistiendo ropa de camuflaje y pasamontañas y con
armas cortas simuladas en sus bolsos.
Cuando el cortejo pasó frente
al “territorio” de La Piedrita, otro colectivo, fue saludado con un minuto de
disparos al aire, ostentación de armas largas y cortas y derroche de
municiones.
“No tenemos armas en estos
momentos. Pero si la democracia venezolana, al igual que en 2002, se ve
afectada por un golpe de Estado, vamos a sacar nuestras armas, nuestras
capuchas. Tenemos las armas, pero guardadas. Están en manos de otras
organizaciones revolucionarias del hemisferio”, dijo el activista Alberto
Carías.
Carías preside el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un grupo escindido del Movimiento
Revolucionario Tupamaro, que se extendió desde 23 de Enero por todo el país
como un partido legal y electoral de izquierda, en apoyo de Chávez y de Maduro.
Los opositores llaman
indistintamente “tupamaros” o “colectivos” a los grupos civiles que los
enfrentan y desmontan sus barricadas y ese lenguaje se ha extendido por las
ciudades donde se multiplicaron las protestas.
Pero la inmensa mayoría de los
colectivos son agrupaciones vecinales pacíficas, simpatizantes del oficialismo,
que apoyan tareas sociales del gobierno o que desarrollan las suyas, según
investigaciones de organizaciones no gubernamentales y de medios de
comunicación.
Cuando comenzaron las
protestas, el presidente Maduro alertó contra la “demonización de los
colectivos”, pero el 5 de marzo les hizo un llamado expreso en medio de un
discurso con el que recordaba el aniversario de la muerte de Chávez.
“Llamo a las UBCH (Unidades de
Batalla Chávez, células del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela),
a los consejos comunales y a los colectivos: candelita (fuego) que se prenda,
candelita que se apaga”, dijo el mandatario.
En cuestión de horas, grupos
de civiles en motocicletas acudieron a desmontar barricadas que los opositores
alimentan con bolsas de basura que incendian, en Caracas y en ciudades del
sudoeste.
Este jueves 6, en un tiroteo
junto a algunas de esas barricadas en el este caraqueño, murieron un
motociclista y un efectivo de la Guardia Nacional, otra muestra de respuesta
violenta desde el bando opositor.
Alvarado advirtió que “al
convocar a civiles para repeler las protestas, el presidente viola la
Constitución, que entrega el control del orden público a policías uniformadas”.
Oficiales retirados que
integran agrupaciones opositoras alegan que Maduro apela a esos grupos civiles
porque merma su respaldo en las fuerzas armadas convencionales, sobre todo en
la aviación, la marina y parte del ejército.
Según el diario El Nacional,
dos coroneles de la Guardia Nacional fueron arrestados por protestar ante los
excesos de la represión (Fuente: IPS).
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