
La norma afirma que esta política será de aplicación a las entidades de
la administración pública como el Poder Ejecutivo, incluidos los ministerios,
organismos públicos, gobiernos regionales, locales, mancomunidades municipales
y aquellos que por ley gozan de autonomía.
La política dada por el Ejecutivo viene a responder a un clamor de la
ciudadanía que busca una reforma de la estructura del Estado que rompa con
barreras burocráticas que generan altos costos y aumentan la informalidad,
estimaron fuentes allegadas a la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Foto: D.R.
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