EL EJECUTIVO PLANTEARÁ REFORMA DE LA CARTA MAGNA PARA INCORPORAR LA INCLUSIÓN SOCIAL COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL

El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, anunció hoy que el Ejecutivo planteará al Congreso de la República una reforma de la Constitución para que se incorpore la inclusión social como un derecho fundamental del ciudadano y de la ciudadana.

Consideró, al respecto, que el proceso de crecimiento que tiene el país en materia económica está yendo de la mano con una política orientada a la inclusión social, que es la “marca del gobierno del presidente Ollanta Humala”, que debe ser defendida como un derecho de todos los peruanos.

“La inclusión social será un derecho amparado en la Carta Magna para que todos los peruanos sean incluidos y no sean discriminados. Sería importante que se pueda considerar también como un derecho fundamental”, expresó el Premier.  

Con ello, anotó Jiménez Mayor, los todos los peruanos, podrán contar con posibilidades de desarrollo personal y se generarán en el país las mejores condiciones de movilidad social para su beneficio, como una política permanente y no temporal del Estado peruano.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también mencionó que el Ejecutivo está ad portas de presentar el proyecto de ley que determina que el derecho al agua es también un derecho fundamental.

“Se trata de otra reforma constitucional que estamos planteando. Son reformas puntuales a determinados artículos de la Constitución que deben generar posibilidades importantes de consideración como políticas de Estado”, subrayó.

El presidente del Consejo de Ministros también se refirió a la Ley del Servicio Civil, promovida por el Gobierno, y dijo  que esta iniciativa legislativa es perfectible y, de ser necesario, debe ser mejor explicada, incluso en su redacción.

Tras ratificar que el proyecto de norma no apunta a genera despidos masivos, argumentó que el objetivo es mejorar el servicio y el desempeño de los empleados públicos en favor de la población.

Jiménez Mayor aseveró que esta iniciativa del Poder Ejecutivo, presentada ante el Congreso de la República, también tiene como fin instaurar el principio de la meritocracia en la regulación laboral estatal (Fuente: Andina).