El secretismo del acuerdo
extrajudicial entre Quito y Bogotá, que evitó a Colombia un juicio ante la
Corte Internacional de Justicia por los daños de sus fumigaciones antidrogas en
la zona fronteriza de Ecuador, es una de las razones del descontento de los
afectados.
El acuerdo firmado el 9 de
septiembre, cuyo texto completo obtuvo IPS, llevó a que Ecuador retirara la demanda que había presentado en
2008 ante el tribunal con sede en La Haya.
Colombia deberá pagar una
indemnización de 15 millones de dólares, que se invertirán en la zona
ecuatoriana afectada por las aspersiones con una mezcla del herbicida glifosato
que se realizaron sobre cultivos colombianos de coca, materia prima de la
cocaína. Pero aún no se ha explicado cómo ni en qué tiempo se realizarán esas
inversiones.
Bogotá se compromete asimismo
a no realizar fumigaciones aéreas durante un año, desde la firma del acuerdo,
en una franja de 10 kilómetros “en la frontera de los departamentos de Putumayo
y Nariño en (el sudoeste de) Colombia, en donde existe presencia de cultivos
ilícitos, que linda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, en
(el norte de) Ecuador”.
Acuerdo Colombia-Ecuador
Pero esa franja de 10
kilómetros podrá de hecho reducirse a cinco y a dos kilómetros, al cabo de dos
años, según las condiciones que se explicitan en el Anexo 1.
Allí se detalla que,
transcurrido el primer año, luego de revisar los análisis y pruebas
científicas, un “Grupo Técnico Binacional determinará si la deriva de las
aspersiones aéreas realizadas en el marco del Programa le Erradicación de
cultivos ilícitos ha alcanzado o no territorio ecuatoriano; en caso de que no
fuera así, la zona de exclusión se reducirá a cinco (5) kilómetros, por el
término de un año”.
Del mismo modo se procederá
para reducir, transcurrido otro año, la zona de exclusión a una franja de dos
kilómetros.
Allí radica la principal
preocupación de los afectados por el glifosato.
Achicar la zona de exclusión a
dos kilómetros es “algo injusto, pero el acuerdo ya se firmó y, como se hizo de
gobierno a gobierno, nosotros nos quedamos cortos, pero seguimos en la lucha”,
dijo a IPS el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del
Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES), Daniel Alarcón.
El acuerdo entonces no implica
una solución definitiva porque “seguirán fumigando cerca de nosotros”, dijo.
“Nos va a afectar, esperamos
que sea en la mínima proporción, pero cuando caiga una gota de glifosato
nosotros estaremos protestando porque estamos dispuestos a ir hasta las últimas
consecuencias para que se repare el daño causado”.
Alarcón se refería a los
problemas de salud y al deterioro de la calidad de vida que padecieron decenas
de miles de personas por las fumigaciones realizadas entre 2000 y 2007 por
autoridades colombianas para erradicar cultivos de coca, muy cerca del
territorio ecuatoriano.
Según un censo de FORCCOFES,
en el cordón fronterizo habitan unas 15.000 familias y las más afectadas, unas
10.000, viven a orillas del río San Miguel.
“Todavía hay secuelas, la
tierra no ha vuelto a su nivel normal de producción. Anteriormente no se
conocía el cáncer y ahora (la gente) muere continuamente de cáncer por el
glifosato, que dejó contaminadas las fuentes de agua”, relató Alarcón,
habitante de la comunidad 5 de Agosto, en la fronteriza parroquia General
Farfán.
El acuerdo entre los dos
países se refiere a una composición química del herbicida que figura en el Plan
de Manejo Ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente de Colombia
mediante la Resolución 1054 del 2003, es
decir que Bogotá mantiene en la frontera la concentración que dice utilizar en
todo su territorio.
De acuerdo a esta resolución,
la mezcla es 44 por ciento de la “formulación comercial” de glifosato en
concentración de 480 gramos por litro, uno por ciento del coadyuvante Cosmoflux
y 55 por ciento de agua.
La etiqueta del Roundup, marca
comercial del glifosato de la corporación Monsanto, recomienda en Estados
Unidos concentraciones de 1,6 a 7,7 por ciento y nunca superiores a 29 por
ciento. No hay estudios sobre el impacto del Cosmoflux.
Un estudio econométrico del 2013 de dos profesores de la privada Universidad de
los Andes, de Bogotá, sobre los efectos de las fumigaciones aéreas en la salud,
indicó que estas tienen un impacto “muy significativo” en la probabilidad de
que ocurran abortos.
El estudio comprobó asimismo
la relación entre las aspersiones antidrogas y las afecciones dermatológicas.
La internacionalista uruguaya
Laura Gil, que divulgó en Colombia los términos del acuerdo el 1 de octubre,
dijo a IPS que es “inaceptable que a los ecuatorianos se les dé más garantías
que a los colombianos”.
Con todo, “los acuerdos así
refuerzan las relaciones. Es mejor que se busque arreglar negociando y no a
través de una sentencia, si bien la Corte Internacional de Justicia es un
mecanismo de solución pacífica de controversias”, dijo Gil.
“Pero no es aceptable que sea
mediante diplomacia secreta”, agregó, puesto que el contenido del acuerdo
binacional no pasó por el parlamento colombiano. “Es obvio por qué: porque los
congresistas van a exigir el fin de las fumigaciones”, indicó.
Amira Armenta, experta del
Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute, sostuvo en un artículo
del 12 de septiembre que “en lo que concierne al programa de fumigaciones del
gobierno colombiano, no cambia nada. Es decir, Colombia seguirá fumigando sus
departamentos fronterizos”.
Según el último censo de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nariño y Putumayo
son los departamentos con mayor densidad de plantaciones de coca, con 22 por
ciento y 13 por ciento, respectivamente, de la superficie total sembrada a
fines de 2012.
“Nariño ha sufrido en la
última década los niveles más altos de fumigación de todo el país, a pesar de
lo cual sigue ostentando el título de mayor productor”, arguyó el artículo de
Armenta.
Otro punto del acuerdo añade
que, antes de realizar una fumigación fronteriza, el gobierno de Colombia
avisará a su homólogo de Ecuador con 10 días de anticipación, indicando los
lugares precisos y las fechas de las operaciones.
“Esto es mucho más de lo que
podía haberse alcanzado en un fallo, porque es muy difícil para un Tribunal
Internacional obligar a un país a establecer un compromiso de esta naturaleza
porque puede alegarse que está afectando su soberanía”, dijo el ministro de Relaciones
Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, al justificar la firma del documento.
“Pero cuando es un acuerdo amistoso, es posible lograrlo”.
Las partes también acordaron
firmar un “Protocolo especial, expedito y sencillo para la atención de quejas
en la frontera” por parte de ciudadanos “nacionales de Ecuador”. Ese texto, que
debía adoptarse “dentro de los 15 días calendario” a partir del 9 de septiembre,
sigue sin hacerse público (Fuente: IPS).
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