La
crisis que atormenta a los brasileños es básicamente política y no
permite vislumbrar una salida. Es el fin de un ciclo, según variados análisis,
pero no hay indicios de que se esté gestando algo nuevo.
Brasil
vive una “crisis de hegemonía”, en que no hay fuerzas políticas con propuestas
consistentes y capaces de darle algún rumbo al país en la disputa por el poder,
según el director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos
(IBASE), Cándido Grzybowski.
“El riesgo de ese vacío es que puede acontecer una
sorpresa, como el ascenso de un ‘salvador de la patria’ al poder”, dijo a IPS.
Los ejemplos que suele mencionar van de Adolf Hitler y Benito Mussolini a los
más recientes, como Fernando Collor, expresidente brasileño inhabilitado por
corrupción en 1992.
Pero
lo más evidente para la población es la economía, que entró en una recesión en
2014 que se pronostica que se prolongue durante 2016, con desempleo e inflación
en alza, y el escándalo de corrupción en los negocios de la estatal petrolera
Petrobras que ya encarceló a grandes empresarios y amenaza a muchos
líderes políticos.
En esa crisis de múltiples dimensiones, la presidenta
Dilma Rousseff enfrenta además una rebelión de aliados en la Cámara de
Diputados, un rechazo popular récord según las encuestas, presiones por su
inhabilitación o renuncia y la reanudación de protestas en las calles, con
anunciadas nuevas movilizaciones para el 16 de agosto.
El
gobernante Partido de los Trabajadores (PT) perdió, según los términos de
Grzybowski, la hegemonía que hizo efectiva con el triunfo de su líder máximo,
Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones presidenciales de 2002.
Resistió el escándalo de 2005, en que tuvo sus
principales dirigentes presos, acusados de obtener recursos fraudulentos para
sobornar parlamentarios. Por eso logró la reelección de Lula en 2006 e imponer
como sucesora a Rousseff, también reelegida en 2013.
Pero
las actuales investigaciones del Ministerio Público Federal (fiscalía
general) y la Policía Federal sobre el pillaje en los grandes proyectos
petroleros son arrolladoras.
El PT es apuntado como principal articulador de la red
que desvió, según estimaciones de Petrobras basadas en las investigaciones
judiciales, el equivalente a cerca de 1.800 millones de dólares. Dos de sus
dirigentes están detenidos desde el 3 de agosto.
Por lo menos 23 acusados decidieron colaborar con la
justicia y otros negocian acuerdos de delación para reducir penas, un mecanismo
legal brasileño que permite a los jueces obtener informaciones cada día más
detalladas y más extensas sobre la corrupción aparentemente generalizada en
muchos sectores.
Decenas
de empresarios presos, incluyendo los presidentes de las dos mayores
constructoras brasileñas, son un resultado parcial del proceso. Pronto será la
vez de los políticos que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal
Federal, un privilegio de los parlamentarios y altos miembros del gobierno.
Ya
están involucrados por lo menos 31 legisladores, incluyendo los presidentes de
la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, además de
dos gobernadores estadales y 14 exparlamentarios, la mayoría del PT y de su
principal socio en la coalición gobernante, el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB).
Con el escándalo y su gobierno adoptando políticas
económicas que antes condenaba y cometiendo otras incoherencias, el PT sufre
disensiones internas, mientras perdió respaldo en sectores antes incondicionales.
“Es el fin de un ciclo del PT hegemónico, en que
adoptó prácticas tradicionales de la política brasileña desde el inicio de la
República”, en 1889, admitió Tarso Genro, dirigente e ideólogo del
partido, quien fue ministro de Justicia y de Educación con Lula y luego gobernó
el estado de Rio Grande do Sul.
Los problemas éticos del PT, al involucrarse con la
corrupción, “son un componente secundario, que deriva de la visión política
tradicional a que se rindió”, evaluó para IPS.
Para superar su crisis actual “tendrá que
reinventarse, preservar su visión utópica, pero eso no significa volver a sus
orígenes”, los sindicales de las décadas de los 70 y 80. “Hoy se reconoce que
tenemos una sociedad mucho más compleja”, arguyó Genro, abogado ahora dedicado
a “refundar” su partido.
Grzybowski duda de la posibilidad de reformar el PT
como una fuerza de transformación capaz de recuperar la hegemonía. La razón es
que todo el esfuerzo pasa por “un sistema político colonizado, heredado de la
dictadura militar”, que no favorece respuestas a las demandas de la sociedad.
“La Constitución de 1988 falló al no renovar la
política, no cambió las reglas para los partidos, que siguen con el monopolio
del proceso electoral. La democracia está aún por hacerse en esa área”, sostuvo
el sociólogo que dirige Ibase, una de las organizaciones no gubernamentales más
reconocidas de Brasil.
Esa Constitución, que institucionalizó la
redemocratización brasileña tras la dictadura militar de 1964 a 1985, reconoció
derechos de variados sectores sociales, como los de los indígenas sobre sus
tierras ancestrales, la niñez, los discapacitados, a la vez que detalla los
deberes del Estado.
Por eso es atacada por economistas ortodoxos como
fuente de gastos públicos crecientes, imponiendo el crónico aumento del déficit
fiscal y de la carga tributaria, cuyo agravamiento en los últimos años conspira
contra el gobierno de Rousseff. Eso frena el crecimiento económico, aducen.
Pese a esas críticas es prácticamente imposible
movilizar multitudes en contra de una Constitución que representa conquistas
para la mayoría de la población. Es un factor de estabilidad, que favorece la
permanencia de la presidenta, amenazada de inhabilitación u otros mecanismos de
destitución legal casi desde que comenzó su segundo cuatrienio, en enero.
La alternativa, en la visión opositora, es mantener un
gobierno en agonía hasta enero de 2019, con la economía y la situación social
en deterioro.
“Ella enfrenta una crisis anunciada, por las promesas
hechas durante la campaña electoral del año pasado”, según João Alberto
Capiberibe, senador del Partido Socialista Brasileño, que abandonó la coalición
gobernante en 2013.
“Pero
la crisis de credibilidad no afecta solo Rousseff, ella es la síntesis de la
política nacional, en que también el Congreso Nacional está sumergido en
el descrédito”, sentenció a IPS.
El problema no es la Constitución, sino “el
clientelismo, el exceso de empleos públicos y la corrupción” que imponen
“gastos desenfrenados los gobiernos tanto en el nivel nacional, como estadual y
municipal”, opinó el senador.
“Sin cambiar el sistema electoral nada cambia”,
afirmó, defendiendo el fin del financiamiento empresarial de las campañas “para
que el poder económico no siga determinando quien será elegido”. “Ningún país
del mundo gasta tanto como Brasil en su proceso electoral”, acotó.
Pero ese simple cambio no tiene apoyo en el
parlamento.
En
el Supremo Tribunal sí, una mayoría de seis de sus 11 magistrados consideró
inconstitucional el apoyo financiero de empresas a candidatos, acogiendo una
acción del Colegio de Abogados de Brasil. El argumento fue que las
empresas no tienen derechos políticos.
Pero el pedido de un magistrado de un periodo de
tiempo para examinar mejor el asunto, suspendió la publicación del fallo y
frustró el movimiento por reducir costos y por ende la corrupción en los
procesos electorales brasileños.
Gran parte del dinero desviado de Petrobras se
destinó, según los acusados, a financiar campañas electorales y partidos.
Eso y la hegemonía del PT hacen parte de un ciclo que
parece terminar en Brasil, pero en el horizonte, por ahora, solo aparecen
incertidumbres (Fuente: IPS).
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