El ministro del Ambiente,
Manuel Pulgar-Vidal, aseguró hoy que los estándares ambientales que se piden a
los postores del complejo metalúrgico de La Oroya son absolutamente razonable y
no puede ser flexibilizado porque forma parte de un arbitraje internacional y
corresponde al Estado proteger la salud de las personas.
Precisó que este estándar se
está aplicando desde el 2001 y es el mismo que se ha exigido a la empresa
operadora de la metalurgia para su adecuación ambiental.
"Es un estándar
absolutamente razonable. El (estándar) del 2001 no se puede mover por el
tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde proteger la salud de las
personas", explicó en RPP.
Precisó
que el Estándar de Calidad del Aire (ECA) fijado en ese periodo es
de 80 microgramo por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales,
conforme al Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) y no de 20
por día como se había rumoreado.
Indicó además que esta
requerimiento esta comprendido en la demanda de arbitraje ante la CIADI
planteada por el Grupo Renco, propietario de la metalúrgia a través de Doe Run
Perú, por el cierre de operaciones debido a la adecuación ambiental, entre
otros.
"Si
nosotros le damos a un operador mayor flexibilidad del que se exigió a Renco,
el Perú perdería el arbitraje al que está sometido el Estado peruano por
500 millones dólares", argumentó.
Los estándares ambientales para La Oroya habría influido para que no se presenten postores a la venta del complejo metalúrgico, lo que motivó protestas de los trabajadores que piden la flexibilización de las condiciones ambientales y la reapertura de la planta.
"No lo aceptan por dos
motivos: porque La Oroya emite 732 microgramos por metro cúbico en promedio
anual, eso significa que hay momentos en que una chimenea emite cerca de
mil", precisó.
Para Pulgar-Vidal ese nivel de
emisión es producto de la obsolescencia de la maquinaria y de una privatización
fallida, e incluso "corrupta", de los años 90. La empresa que se hizo
con la venta de la plata, según dijo, no ejecutó el mantenimiento de la misma
lo que motivó la emisión de agentes contaminantes.
Estado decidirá el 24 de
agosto
El ministro del Ambiente
anunció además que el 24 de
agosto el Gobierno tomará una decisión definitiva sobre la planta, después de
una reunión con los acreedores para decidir si se mantienen respetando los
estándares establecidos o es puesta en venta.
Recomendó buscar alternativas
laborales diversificadas para que los trabajadores no se vean perjudicados con
una futura decisión, ya que no se disminuirá las exigencias ambientales.
"Hay que buscar
alternativas laborales porque el tema de la flexibilización es un remedio
falso. La viabilidad de la planta es algo que merecemos discutir
políticamente, (no creo que los ciudadanos estemos dispuestos a suponer que por
una cuestión laboral vamos a permitir que se emita (contaminación)",
apunto.
Por último, mencionó que en La Oroya habitan actualmente el 25 por ciento del total de
pobladores que antes existía, quienes reciben parte de un salario de la
división Cobriza, empresa de Doe Run, que continúa en operaciones (Fuente:
RPP).
No hay comentarios:
Publicar un comentario