El coordinador nacional de las fiscalías
especializadas contra la criminalidad, Jorge Chávez Cotrina, manifestó esta
mañana que la aprobación de la ley contra el crimen organizado, fortalecerá la
investigación de estos delitos que prevé penas de prisión de hasta 35 años para
los que los perpetren.
El proyecto de ley contra el crimen
organizado, aprobado en la víspera por la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso, además de fijar las reglas para la investigación,
juzgamiento y sanción de los delitos relacionados al crimen organizado,
facilita los procedimientos especiales como el levantamiento del secreto
bancario y de las comunicaciones, usados para develar el accionar de las
organizaciones del crimen organizado.
Chávez Cotrina
señaló que esta norma es importante porque posibilitará que los operadores de
justicia trabajen conjuntamente, como es el caso del Ministerio Público y la
Policía Nacional del Perú.
Precisó
que, si bien “ya existían normas para levantar el secreto de las comunicaciones
telefónicas y el secreto bancario, que están incluidas en la Ley de Lavado de
Activos y en el nuevo Código Procesal Penal, lo que hace esta norma es
aglutinarlo y darle fortaleza a esos procedimientos especiales de
investigación”.
Indicó que la iniciativa precisa
que se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más
personas que se reparte diversas tareas o funciones con la finalidad de cometer
uno o más delitos graves.
Chávez
Cotrina aseveró que la ley establece como causales el homicidio, secuestro,
trata de personas y violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad
delictiva, extorsión, pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas,
genocidio.
Además de,
desaparición forzada y tortura, lavado de activos, marcaje o reglaje, aborto no
consentido y delitos relacionados con la minería ilegal, entre otros
considerados graves con penas superiores a los cuatro años de cárcel, anotó.
Chávez
Cotrina explicó que el Ministerio Público cumple con su función constitucional
de investigar y poner a disposición del Poder Judicial a los delincuentes, pero lamentablemente
en esta última instancia algunas veces obtienen el cambio de su situación legal (Fuente: Andina).
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