Un informe realizado por el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (IPEC)
sostiene que las políticas de protección social pueden desempeñar un papel
crucial en la lucha contra el trabajo infantil, que en la actualidad afecta a
unos 215 millones de niños en el mundo.
El “Informe sobre Trabajo
Infantil: Vulnerabilidad económica, protección y la lucha contra el trabajo
infantil”, un nuevo informe que analiza los resultados de varios estudios
sobre cómo los diferentes tipos de medidas de protección social pueden
contribuir con la lucha contra el trabajo infantil. Estas incluyen medidas
tales como los mecanismos de transferencias en efectivo, la protección social
de la salud y la seguridad de los ingresos para las personas mayores.
Por ejemplo, el informe señala que el
programa de transferencias en efectivo Bolsa Escola de Brasil
(denominado más tarde como “Bolsa Familia”) - que deposita a las familias
una cierta cantidad de dinero a condición de que sus hijos vayan a la escuela –
permitió una disminución de alrededor de 9 por ciento en el trabajo infantil en
las zonas rurales. La disminución fue menor en las zonas urbanas en 2,5 puntos
porcentuales.
En Camboya, el trabajo infantil
disminuyó en diez puntos porcentuales después de la introducción de un programa
de becas en el marco del Proyecto de apoyo al sector de la educación.
El programa de transferencias no
condicionadas en Ecuador (“Bono de Desarrollo Humano”) redujo la probabilidad
de participación en actividades económicas remuneradas o no remuneradas pare
niños entre 6 y 17 años en 6 puntos porcentuales.
El informe, el primero de una serie
sobre trabajo infantil, cita un estudio realizado en Guatemala que muestra que
los niños de los hogares donde al menos un miembro se beneficia de la cobertura
de seguro de salud tienen cerca de 4,5 puntos porcentuales de disminución en
probabilidades de trabajar.
La pensión de ancianidad es otro de
los factores analizados por los autores. En Botsuana, Malawi, Namibia,
Sudáfrica, Tanzania y Zimbabwe, por ejemplo, entre 50 y 60 por ciento de los
huérfanos vive con sus abuelos. En estos hogares, el grado de seguridad del
ingreso durante la vejez desempeña un papel importante para limitar el trabajo
infantil.
“Este informe contribuye a comprender
mejor las vulnerabilidades económicas y sociales subyacentes que generan el
trabajo infantil”, declaró Constance Thomas, Directora del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (IPEC).
“Demuestra claramente que invertir en la protección social a través de los
pisos de protección social definidos a nivel nacional es una parte fundamental
de la respuesta en la lucha contra el trabajo infantil, que incluye además el
acceso a empleos decentes para los adultos y a la educación para los niños”.
Según las estimaciones de la OIT, más
de 5.000 millones de personas – cerca de 75 por ciento de la población mundial
– no tiene un acceso efectivo a la protección social integral.
El informe plantea que la extensión
de la protección social, en conformidad con la Recomendación de la OIT relativa a los
pisos de protección social adoptada hace menos de un año, debería formar parte
esencial de las estrategias nacionales dirigidas a combatir el trabajo
infantil. Los pisos de protección social nacionales deberían incluir al menos
un nivel básico de seguridad del ingreso a lo largo de toda la vida, así como
el acceso a los servicios esenciales de salud.
Los autores recomiendan
también introducir medidas específicamente dirigidas al trabajo infantil en los
sistemas de seguridad social, fortalecer las capacidades y los marcos
legislativos nacionales, así como alcanzar los grupos vulnerables como los
niños que viven con el VIH, los niños migrantes, los niños provenientes de
minorías étnicas marginadas, los grupos indígenas y otros grupos excluidos a
nivel económico y social (Fuente: OIT).
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