La corrupción y la evasión
fiscal constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos en América
Latina, pues contribuyen a la desigualdad y la inequidad en los países de la
región, según diferentes estudios y especialistas consultados por IPS.
“La evasión fiscal provoca que
las personas más vulnerables no puedan disfrutar plenamente sus derechos
económicos, sociales, de salud y educación”, afirmó Rocío Noriega, asesora de
Gobernabilidad, Ética y Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
Agregó que “la corrupción
tiene un impacto negativo sobre el disfrute de los derechos humanos”. Además,
explicó a IPS, constituye “una amenaza para la democracia, ya que viola
sistemáticamente el fundamento de la ciudadanía al perpetuar una desigualdad
fundada en el acceso de unos pocos al poder, dinero y conexiones personales”.
La corrupción, como forma de
asignación de recursos públicos a fines distintos del bien común, es una forma
grave de violación de los derechos humanos, coinciden expertos.
En el 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que, como la corrupción puede ocurrir de muchas formas y contextos, es casi imposible identificar todos los derechos humanos que puede violar.
Añadió que la corrupción
constituye un obstáculo para el desarrollo de las sociedades, pero también un
grave problema para el fortalecimiento de la legitimidad de la democracia, pues
su prevalencia y la percepción de la ciudadanía sobre su incidencia en los
asuntos e instituciones públicas, pueden socavar gravemente el apoyo al régimen
democrático.
La encuesta Latinobarómetro
2013 refleja que 26 por ciento de los latinoamericanos entrevistados aseguran
conocer algún caso de corrupción en su país en los últimos 12 meses. Un
porcentaje similar dice que en su gobierno casi todos son corruptos.
Venezuela y México, encabezan
el listado, con 39 por ciento, seguidos de Paraguay (38 por ciento) y Chile (35
por ciento). Entre los países con menor percepción de corrupción, se encuentran
Uruguay (19 por ciento), Nicaragua (17 por ciento), Honduras, Guatemala y
Brasil (16 por ciento), además de El Salvador (ocho por ciento)
La analista Francisca Quiroga,
experta en políticas públicas de la Universidad de Chil, aseguró a IPS que tanto
la corrupción como la evasión fiscal tienen una relación directa con la
desigualdad y la inequidad.
Adujo que “las políticas
tributarias poseen un instrumento para asignar recursos y proveerlos para el
desarrollo de las políticas sociales”.
“El componente que está detrás
es hacerse cargo de la desigualdad, de la asignación de la redistribución de
recursos, y también de generar economías más sostenibles”, añadió.
“Cuando se habla de derechos
humanos y de derechos sociales, en particular, uno de los elementos que se debe
tener presente es cuál es la política tributaria y cuáles los mecanismos
institucionales que van a asegurar la legitimidad de esas decisiones”, afirmó.
La alta desigualdad es uno de
los rasgos más distintivos de la situación social en América Latina.
Según datos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región presenta un nivel de
desigualdad en la distribución del ingreso que es sustancialmente más alto que
en otras regiones del mundo, con un coeficiente de Gini medio de 0,53.
Ese coeficiente mide la
desigualdad de ingresos, va del cero al uno y el primero establece la perfecta
igualdad y el segundo la perfecta desigualdad.
Como ejemplo, el país menos
desigual de la región es más desigual que cualquier miembro no latinoamericano
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o de cualquier
país de Oriente Medio o del norte de África, asegura el informe Evasión y
Equidad en América Latina,
de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL.
Los cinco países
latinoamericanos con peor distribución del ingreso, según el organismo, son
Brasil, Guatemala, Honduras, Paraguay y Chile, por ese orden.
En Chile, por ejemplo, la
mayoría de las personas con empleo ganan unos 500 dólares mensuales, en un país
donde un kilogramo de pan vale dos dólares, mientras las 4.500 familias más
ricas viven con más de 30.000 dólares al mes (Fuente: IPS).
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