El Congreso de la República aprobó el tercer
conjunto de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, que busca promocionar las
inversiones a través de la
simplificación de permisos ambientales, simplificación administrativa y
beneficios tributarios.
La "Ley de Promoción de las inversiones para
el crecimiento económico y el desarrollo sostenible" N° 30327, publicada en el Diario
Oficial El Peruano, señala que su aplicación comprende a todas las entidades
públicas relacionadas al otorgamiento
de licencias, permisos, autorizaciones y similares.
Asimismo, a las entidades vinculadas a las
actividades de certificación ambiental, recaudación
tributaria, promoción de la inversión, aprobación de servidumbres, valuación de terrenos, protección de áreas de
seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de gran
envergadura.
"Esta norma es aplicable a los proyectos de
inversión pública, privada,
público-privada o de capital mixto", señala la referida ley.
De esta manera, el titular de un proyecto de
inversión, puede optar por el uso
compartido de la información de la línea base de un Estudio de Impacto
Ambiental detallados (EIAd) o una EIA semidetallados (EIAsd), aprobado
previamente por la autoridad competente, ya sea a su favor o de terceros para
la elaboración de un nuevo instrumento de gestión ambiental.
El reglamento establece los supuestos en los cuales
la autoridad competente debe solicitar al administrado que complemente o actualice, la información de
una línea base preexistente de acuerdo a la naturaleza del proyecto y
cuando sea necesario, y tendrá como plazo 30 días hábiles de recibida la comunicación.
El ministro de Economía Alonso Segura señaló hace
meses, que la referida ley buscaba reducir
a 3 años el tiempo para obtener permisos ambientales, sin embargo negó
que la posible eliminación de algún trámite ambiental, ni ninguna competencia, como por ejemplo en el sector minería e
hidrocarburos.
Otra medida se refiere a la prórroga del beneficio
tributario para aquellas inversiones en
la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con otros
recursos renovables, hasta el 31 de
diciembre 2025.
De otro lado, la norma simplifica el procedimiento para imponer servidumbres y protección de
derechos de vía y localización de áreas de propiedad estatal para
proyectos de inversión.
Asimismo, se simplifican los procedimientos para obtener bienes inmuebles para obras de infraestructura
de gran envergadura (Fuente: RPP-EFE).
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