“Mi esposo me violó
brutalmente varias veces”, relató Anna Marie Lopes, de 28 años. “Me mantuvo
bajo vigilancia en su casa de Dubai mientras yo sufría depresión y malnutrición
severa. Cuando traté de huir de ese infierno, me confiscó el pasaporte, me dejó
sin dinero y me golpeaba”, añadió esta mujer de India.
Tras seis años de tortura,
Lopes logró abordar un avión que la sacó de Emiratos Árabes Unidos, donde
residía con su marido, y llegó a Nueva Delhi en 2012.
“¿El gobierno
está diciendo que es aceptable que los hombres violen a sus esposas o cree que
el matrimonio es una licencia para la violencia sexual con la excusa de que eso
constituye una defensa de la cultura y los valores de India?".
“La vida es dura cuando debes
comenzar de cero después de una experiencia traumática y sin apoyo, ni siquiera
de mis padres. Pero no tenía otra opción”, contó a IPS.
Pero miles de mujeres indias
no tienen su relativa suerte y siguen sufriendo violaciones maritales sin
posibilidad de escapatoria, lo que las deja totalmente devastadas.
El Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) estima que más de 40 por ciento de las mujeres casadas
en India de entre 15 y 49 años soportan golpes, violación o relaciones sexuales
forzadas por sus maridos.
Un estudio del Centro
Internacional de Investigación sobre Mujeres, con sede en Washington, señaló en
2011 que uno de cada cinco hombres indios reconoció obligar a su esposa a tener
relaciones sexuales.
Además, solo una de cada
cuatro mujeres que sufrieron abusos buscaron ayuda, según la encuesta; las
mujeres buscan mucha menos ayuda por violencia sexual que física. Tras una
violación, suelen recurrir a familiares, más que a la policía.
Debido a esta realidad nefasta
y arraigada, la renuencia del gobierno a penalizar la violación marital, con el
argumento de que el matrimonio es “sagrado”, causó un acalorado debate en
India.
El ministro de Estado de
Asuntos Internos, Haribhai Parathibhai Chaudhary, declaró ante la Rajya Sabha
(cámara baja del parlamento) que el concepto de violación marital, como se
entiende a escala internacional, no podía “aplicarse de manera adecuada en el
contexto indio debido a varios factores, como educación, analfabetismo,
pobreza, creencias religiosas y la mentalidad de la sociedad”.
“¿El gobierno está diciendo
que es aceptable que los hombres violen a sus esposas o cree que el matrimonio
es una licencia para la violencia sexual con la excusa de que eso constituye
una defensa de los valores y la cultura india?”, inquirió Amitabh Kumar, del
Centro de Investigación Social, con sede en Nueva Delhi.
“Una violación es una
violación y atenta contra los derechos fundamentales de la víctima”, subrayó
Kuma en diálogo con IPS.
La violación marital, definida
como la relación sexual forzada por el marido y sin el consentimiento de su
esposa, lo que deriva en el abuso físico y sexual de esta última, se rige por
el artículo 375 del Código Penal de India.
La norma expresa que la
relación sexual forzada por un hombre con su esposa, mientras esta no sea menor
de 15 años, no constituye violación.
La Ley de Violencia Doméstica,
aprobada en 2005, reconoce el abuso sexual en el ámbito del matrimonio, pero
los especialistas legales sostienen que solo ofrece un recurso civil y que no
permite encarcelar al cónyuge abusador.
Tras la violación grupal de
una estudiante de medicina en Nueva Delhi en diciembre de 2012, el malestar de
la población llegó a la entonces gobernante Alianza Progresista Unida (APU) a
crear una comisión encargada de reformar la legislación sobre violación.
La Comisión Verma, de tres
miembros, recomendó que la violencia sexual entre cónyuges se considerara
violación y un delito penal.
Pero el gobierno, entonces en
manos del Partido del Congreso, desestimó la sugerencia arguyendo que la
iniciativa destruiría a la institución del matrimonio en India.
El gobierno terminó por
aprobar una ley contra la agresión sexual, que no incluyó la violación marital.
Según especialistas, el actual
gobierno, encabezado por Bharatiya Janata
Party (Partido Popular Indio), sigue una línea conservadora similar a la de su
predecesor.
En enero de este año, la Corte
Suprema de Justicia rechazó la petición de una víctima para declarar a la
violación marital un delito penal, con el argumento de que la legislación
nacional no podía acomodarse a una persona.
El experimentado abogado penal
Ram Jethmalani y el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, K T Thomas apoyan
la perspectiva del gobierno, pero su posición no es unánime entre los
especialistas.
“La institución matrimonial es
una parte integral de la cultura india. Pero eso no nos impidió sancionar la
ley contra la dote ni la de violencia doméstica”, precisó el abogado de
derechos humanos Soumya Bhaumik en diálogo con IPS.
“Si se puede procesar al marido por asesinar a
su esposa, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en caso de violación? Todo el
concepto de consentimiento o la definición de violación no cambian con un
certificado de matrimonio”, subrayó.
Bhaumik también se refirió a
los casos documentados de esposos que fuerzan a sus cónyuges, lo que no solo
genera un trauma físico, sino también mental y emocional.
“La actual Ley de Violencia
Doméstica trata esos episodios como casos civiles. Es decir que el cónyuge en
falta recibe una orden de restricción o la parte perjudicada recibe una orden
de protección. Pero no hay una disposición que ponga al culpable tras las
rejas”, explicó.
El Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones
Unidas, recomendó que India penalice el hecho de que un hombre viole a su
esposa.
La violación marital ya es
delito en Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, Canadá, la mayoría de los
países europeos, Malasia, Turquía y Bolivia.
Esta situación, sumada a la
falta de independencia económica actúan como barrera para que las mujeres
denuncien un episodio de violencia sexual marital.
“La mayoría de las mujeres no
denuncian ese tipo de violación porque temen que el encarcelamiento del sostén
de la familia condene a los hijos”, explicó Winnie Singh, directora ejecutiva
de Maitri, una organización que trabaja rehabilitando a mujeres marginadas, en
diálogo con IPS.
“Según nuestra investigación,
las condenas son menos del uno por ciento de los casos denunciados”, remarcó.
Singh también criticó el
engorroso proceso legal que coloca la responsabilidad de probar que hubo
violación en la mujer, algo que muy pocas están dispuestas a asumir dada la
baja proporción de condenas.
Solo se denuncian seis de cada
100 casos de violencia sexual perpetrados por varones que no son esposos de la
víctima, según un informe de Aashish Gupta, del Instituto de Investigación de
Economía Comprensiva.
En este contexto, subrayó
Singh, la sensibilización y la educación son vitales para generar consciencia y
garantizar justicia para las víctimas (Fuente: IPS).
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