Cuando el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, visitó la cárcel de El Reno en el estado de
Oklahoma el 16 de este mes para comprobar las condiciones de vida de los 1, 300
presos que allí se encuentran, ninguna autoridad pudo impedírselo.
La histórica visita de Obama
fue la primera de un presidente en ejercicio de Estados Unidos a una
penitenciaría federal.
“En demasiados lugares, chicos
y hombres negros, chicos y hombres latinos experimentan el ser tratados de
manera diferente por la ley”, declaró el mandatario.
Pero la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) no ha tenido la suerte de Obama. A varios de sus
funcionarios, armados con la autoridad del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, se les
impidió acceder a centros penitenciarios de Estados Unidos que están acusados
de tener una cultura de violencia.
En 1998, el gobernador de
Michigan, John Engler, prohibió la visita de la esrilanquesa Radhika
Coomaraswamy, la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las
Mujeres, que pretendía investigar casos de inconducta sexual contra las
reclusas en tres cárceles de ese estado nordestino.
El fallecido senador Jesse
Helms, expresidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
impidió que el senegalés Bacre Waly Ndiaye, el director de la Oficina de
Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, observara las condiciones de vida en
algunas de las prisiones de Estados Unidos en 1997.
La histórica visita de Obama
este mes llevó a la ONU a buscar una vez más el permiso para acceder al sistema
carcelario de Estados Unidos.
"Amnistía
Internacional considera que este escrutinio externo es particularmente
importante en el caso de las instalaciones de 'super máxima' seguridad donde los
presos están aislados dentro de un entorno cerrado": Tessa Murphy.
El relator especial de la ONU
sobre la tortura, el argentino Juan E. Méndez, y el presidente del Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el sudcoreano Seong Phil Hong, solicitaron
de forma conjunta a Washington que facilite sus pedidos de visita oficial a las
cárceles de Estados Unidos para avanzar en la reforma de la justicia penal.
“Espero trabajar con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos en el estudio especial encargado por
el presidente sobre la necesidad de regular la reclusión en aislamiento, que
afecta a 80.000 presos…, en la mayoría de los casos por períodos de meses y
años”, declaró Méndez el martes 21.
“La práctica prolongada o
indefinida de la reclusión en aislamiento inflige dolor y sufrimiento de índole
psicológica, que está estrictamente prohibido por la Convención contra la
Tortura” explicó.
“La reforma en este sentido
tendrá un impacto considerable no solo en Estados Unidos sino en muchos
países”, aseguró.
Hong dijo que la visita a las
instituciones federales y estatales “será una excelente oportunidad para
analizar con las autoridades los ‘Principios y pautas básicas sobre el derecho
de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal’ y promover su
uso por la sociedad civil”.
El Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria ya redactó un borrador de estos principios, que el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU considerará en septiembre.
Según informes publicados, el
sistema carcelario de Estados Unidos ha sido acusado de condiciones de vida
insalubres y agresiones físicas, específicamente contra minorías como la afro estadounidense
y la población de origen latinoamericano.
En junio, el gobierno de Nueva
York y la fiscalía del Distrito Sur, que tiene competencia en la ciudad,
anunciaron profundas reformas, como la propuesta de nombrar un observador
federal que investigue los abusos en la Isla de Riker, el segundo mayor sistema
penitenciario de Estados Unidos, que alberga diariamente a un promedio de
14.000 presos.
Entre otras medidas se
incluyen las restricciones al uso de la fuerza por los guardias de la prisión y
la instalación de cámaras de vigilancia.
En diálogo con IPS, Tessa
Murphy, de Amnistía Internacional (AI), señaló que el actual relator especial
de la ONU, Méndez, no ha podido visitar ninguna cárcel estadounidense con nivel
de seguridad “super máximo”, el mayor de todos, desde que ocupó su cargo en
noviembre de 2010.
No obstante, Méndez realizó
una visita a la prisión de Pelican Bay, en el occidental estado de California,
como testigo experto en un juicio.
Murphy añadió que su
organización solicitó al Departamento de Estado que invite al relator a Estados
Unidos para que examine la reclusión en aislamiento en las instalaciones
federales y estatales, algo que Méndez solicitó en reiteradas ocasiones.
“AI considera que este
escrutinio externo es particularmente importante en el caso de las
instalaciones de ‘super máxima’ seguridad donde los presos están aislados
dentro de un entorno cerrado”, destacó.
La organización publicó varios
informes que solicitan el acceso de la ONU al sistema carcelario, basada en
numerosas investigaciones sobre el régimen de aislamiento a largo plazo y sus
efectos perjudiciales.
Antonio Ginatta, de la
organización de derechos humanos Human Rights Watch, dijo a IPS que este es un
momento decisivo en Estados Unidos, en el que se apresta para reformar su
sistema de justicia penal.
El propio presidente Obama se
refirió a la necesidad de esa reforma y destacó especialmente los daños que
provoca el régimen de aislamiento, sostuvo.
“Sin embargo, el Departamento
de Estado sigue sin permitir el acceso del relator especial sobre la tortura a
las instalaciones de confinamiento de Estados Unidos para examinar la
reclusión en aislamiento. Parece que se perdieron el discurso del presidente”,
comentó.
Ginatta dijo que la invitación
al relator especial de la ONU tiene años de retraso.
“A la luz del discurso del
presidente y de su visita a la cárcel de El Reno, el Departamento de Estado debería cambiar de rumbo e inmediatamente extenderle una invitación sin
restricciones a Méndez y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”,
exhortó.
Después de su visita a la
prisión, Obama dijo que su meta es “ver algunas mejoras en el ámbito federal y
que luego los estados de todo el país tomen la posta”.
“Ya hay algunos estados que
lideran el camino tanto en la reforma de las condenas como en la reforma
penitenciaria”, añadió.
AI dijo a IPS que en febrero
se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos William
Mozdzierz, director de la Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales,
Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, para entregarle una solicitud con más
de 20.000 firmas con el fin de que el relator de la ONU acceda al sistema
carcelario estadounidense.
Según AI, Méndez ya tiene una
lista de las prisiones que desea visitar en los estados de Arizona, California,
Luisiana, Nueva York y Pensilvania, además de la Oficina Federal de Prisiones.
Mozdzierz subrayó que el
acceso a las prisiones estatales depende de los gobernadores y los fiscales de
cada estado, y que no existen mecanismos que le permitan al Departamento de
Estado garantizar una respuesta positiva a la solicitud (Fuente: IPS. Foto:
Bigstock)
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