El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, afirmó hoy que la etapa
de saneamiento minero, iniciada el domingo, tras vencerse el plazo para la
formalización, tiene por objetivo “cerrarle todas las puertas” a la minería
ilegal en el país.
Para ello, explicó, se han dispuesto medidas como el control de
combustibles para la región Madre de Dios, donde el consumo es 10 veces mayor
al de Lima, así como el control de insumos químicos y de las exportaciones
ilegales.
De igual manera, existen medidas como
el control de las maquinarias,
los procesos contra los ilegales, el establecimiento de regulaciones contra la
trata de personas y la promoción del desarrollo con 100 millones de soles de inversión.
“En el Perú estamos acostumbrados a
la cultura de la informalidad. En la minería ilegal estamos dando las medidas correctas”, dijo el titular del
Ambiente, en RPP.
Según recordó, esta es una lucha
contra “una lacra sustentada en problemas de leyes, políticas, jueces corruptos,
falta de control y flexibilidad”. Agregó que la etapa de saneamiento apunta a corregir errores para alcanzar el éxito.
“El Gobierno ha mostrado resultados
concretos: 800 máquinas destruidas, una tonelada de oro ilegal incautado, el
control de exportadores ilegales. Ahora toca
dar el salto cualitativo para acabar con esto”, manifestó el
funcionario.
Pulgar-Vidal aseguró que no se eliminará el control de combustibles en
Madre de Dios, como piden algunos huelguistas de esa región selvática,
al precisar que la medida solamente comprende a los mineros ilegales.
“Señores de Madre de Dios, ustedes
son gente que en muchos casos realiza actividades lícitas, como la castaña y el
ecoturismo, que respetamos. No es para ustedes el control, sino para los
ilegales que los están matando y generando condiciones de pobreza que van a
sufrir ustedes y sus hijos”, subrayó.
Insistió en que el control no se
eliminará porque “el Estado quiere controlar la minería ilegal y su nivel de
destrucción en la Amazonía peruana”.
Además, el ministro desestimó que esa
medida sea para disfrazar una ampliación de plazo de formalización.
Mencionó que el plazo se cerró con
70,000 informales que presentaron sus compromisos de formalización y las tareas
de depuración permiten contar a la
fecha con unos 52,000.
“No ingresará ni uno más y, con los
que quedaron y están dispuestos, se trabajará en estrategias para la
reconversión hacia un empleo lícito”, añadió Pulgar-Vidal (Fuente: Andina).
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