
Con este tratado se pretende abatir el empleo de armas para abusar de los derechos humanos. El actual comercio no regulado ha conducido a dramas como los niños soldado, la perpetuación de la violencia de género y las masacres de civiles en muchos lugares del mundo.
Si bien reconoce el derecho de los Estados a su defensa, el tratado impone la regulación de exportaciones, importaciones, trasbordos e intermediación.
Su alcance son las armas convencionales –tanques de guerra, vehículos de combate blindados, sistemas de artillería de gran calibre, aviones y helicópteros de combate, buques de guerra, misiles y cohetes–, así como las armas pequeñas y ligeras.
El tratado obliga a sus estados parte –aquellos que lo ratifiquen— a reportar sus transferencias de armas y a evaluar si esos embarques terminarán en manos de violadores de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Este instrumento internacional estará abierto para su firma a partir del 3 de junio. De acuerdo a la resolución aprobada, su entrada en vigor requiere la ratificación de 50 estados y regirá solamente para aquellos que completen ese proceso, sin imponer obligaciones legales a los demás, explicó Nikola Jovanovic, portavoz y asesor del presidente de la Asamblea General, Vuk Jeremić.
"Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero hay una obligación política de continuar y de cumplir", dijo Jovanovic a Inter Press Service (Fuente: IPS).
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