Ocho años después del inicio
de la crisis financiera y económica mundial, el desempleo aumentó afectando a
más de 200 millones de personas en el mundo, y solo es una fracción de quienes
viven en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad.
De hecho, más de cuatro
quintas partes de la fuerza laboral está fuera del sector formal, casi sin
acceso a beneficios sociales.
Cuando hay que sobrevivir sin
protección social, el desempleo no es una opción para la mayoría de las
personas pobres del mundo. En cambio, su destino probablemente se parezca más
al de los trabajadores pobres o de bajos ingresos debido al subempleo, la baja
productividad o las limitadas opciones de supervivencia.
Según las últimas estimaciones
del Banco Mundial, el número de personas en situación de extrema pobreza (con
menos de 1,25 dólares al día) disminuyó de 1.930 millones, en 1981, a 1.910
millones, en 1990, y a 1.010 millones, en 2011, con una proyección para este
año de 835,5 millones.
Con la ralentización de la
economía global, en especial tras el colapso de los precios de las materias
primas agrícolas desde fines de 2014, muchos analistas se preguntan si las
proyecciones del Banco Mundial tienen sentido.
Es evidente que el crecimiento
de la economía global, registrado en la media década previa a 2008, no generó
los suficientes puestos de trabajo en cantidad ni calidad, catalizando un
discurso del “crecimiento sin empleo”.
Brevemente, en 2009, los
países ricos destinaron una cantidad significativa de recursos a salvar sus
sistemas financieros, mejorar sus economías y fortalecer las redes de seguridad
social. Pero solo unos pocos de ellos evitaron una excesiva austeridad fiscal.
Al parecer, otros con consumidores mixtos emularon tarde las exitosas medidas
monetarias expansivas de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Condiciones de empleo
Más allá del número creciente
de desempleados o subempleados, también se deterioran las condiciones de los
empleados. El empleo informal y los contratos de corto plazo, que significan
menos seguridad laboral y derechos para los trabajadores, se vuelven la norma
para demasiadas personas.
La tercerización y la
subcontratación también se hacen más comunes, generando mayor inseguridad
laboral para los trabajadores, lo que se conoce como la “precariedad laboral”.
El deterioro de las condiciones de empleo ocurre en muchos países, y en
especial afecta a los trabajadores con menor formación y capacitación.
Las políticas nacionales
destinadas a contrarrestar esas tendencias y a disminuir el desempleo tuvieron,
en el mejor de los casos, un éxito limitado. En su deseo de permanecer o de
volverse competitivos, los gobiernos y los empleadores tomaron muchas medidas
para aumentar la flexibilidad del mercado laboral y aumentaron la inseguridad
para la mayoría de los trabajadores.
Y esa flexibilidad laboral
exacerbó la inseguridad económica y la desigualdad, socavando las perspectivas
de un empleo decente.
Mientras, la proporción del
empleo en el sector servicios respecto del empleo total global superó a la de
la agricultura durante una década.
De hecho, hace décadas ya que
el empleo en el mundo está cada vez más dominado por el sector servicios, en el
que abundan los trabajos mal remunerados y precarios, sin cobertura social, lo
que hace que los beneficios por desempleo hayan dejado de ser un derecho social
para muchas personas en las naciones más ricas.
Trabajo decente para todos
Aunque esquivo para las
personas más pobres, el objetivo de un trabajo decente para todos, fijado por
la Organización Internacional del Trabajo en 1999, significa empleos
productivos, gratificantes y seguros con protección social e ingresos justos
para los empleados y sus familias.
Trabajo decente implica
igualdad de oportunidades y tratamiento, y ofrece buenas perspectivas de
desarrollo personal y de inclusión social. También asegura libertad para que
las personas puedan expresar sus preocupaciones, organizar y participar en
decisiones que afectan sus vidas.
Las estrategias para promover
el empleo productivo y el trabajo decente deben atender las desigualdades en el
ingreso, entre otras. También deben promover avances sociales y asegurar igual
tratamiento para todos, con independencia de género, cultura, edad o
nacionalidad, así como proteger los derechos de las personas con
discapacidades.
Las políticas en ese sentido
deben asegurarse de que las condiciones laborales mejoren de forma sostenida,
en especial para las personas de menores ingresos y las que padecen condiciones
de empleo inaceptables y peligrosas.
Los gobiernos deben emplear a
las y los trabajadores necesarios para proveer servicios básicos, como la
construcción de infraestructura y mantenimiento, así como servicios sociales,
que esperan a las personas y que se necesitan para garantizar los recursos humanos
para el desarrollo sostenible.
También se necesitan grandes
incentivos para fomentar las inversiones privadas, mientras que un mejor marco
normativo puede contribuir a mejorar las oportunidades de empleo.
La sociedad civil y el sector
privado pueden desempeñar papeles vitales en la promoción de un trabajo decente
para todos.
Los gobiernos y el sector
privado deben redoblar esfuerzos para promover la responsabilidad social
corporativa y ayudar a concretar el trabajo decente para todos. A través del pleno
empleo y del trabajo decente, los beneficios de la recuperación económica y del
crecimiento se podrán compartir mejor, tanto entre los países como dentro de
cada uno.
Finalmente, las personas
juzgarán los cambios por lo que estos les traigan a sus vidas.
El empleo seguro y decente
seguramente encabeza la agenda personal de la mayoría de las personas, y
también debe ser una prioridad nacional e internacional. El trabajo decente
también es la forma más segura para que las personas escapen a la pobreza y, por
lo tanto, debe ser una prioridad de todo esfuerzo serio para reducir el hambre y
la pobreza de forma sostenida (Fuente: Jomo Kwame Sundaram, coordinador de
Desarrollo Económico y Social de la FAO/IPS).
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