La necesidad urgente de que
el Estado cuente con una política pública en gestión ambiental y en la
prevención de conflictos para encauzar el desarrollo de la minería, que ha
crecido en número e intensidad sin contar con estos mecanismos, plantearon los
representantes del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, Javier Jancke,
José De Echave y Pablo Sánchez.
Reclamaron, al mismo tiempo,
la dación de una ley de ordenamiento territorial, así como la aplicación de la
Ley de Consulta Previa, la protección de cabeceras de cuencas y que se el
ministerio de Ambiente el que apruebe los proyectos.
José De Echave, quien fuera
vice ministro de Gestión Ambiental, mostró su precoupación por la aprobación,
por parte del Ministerio, Energía y Minas, de una modificación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga que le permitirá a la minera la
construcción y operación de un campamento para más de 6 mil personas, lo “que
tendrá impactos no sólo en el tema del agua, sino también impactos sociales en
el entorno rural”, acotó.
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