Representantes de 38 países de América Latina y el
Caribe concluyeron ayer una reunión en la capital uruguaya instando a los
gobiernos de la región a que evalúen la posibilidad de cambiar sus
legislaciones sobre el aborto.
El Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo insta a los estados a “considerar la posibilidad
de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la
interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de
mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número
de abortos”.
El documento fue aprobado al
término de la I Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
de América Latina y el Caribe que había comenzado el lunes 12.
“Nuestra evaluación es de
algarabía. Las feministas llegamos aquí con una serie de propuestas claras que
fueron tomadas íntegramente por los gobiernos y lanzaron una señal contundente
al mundo de que en América Latina los derechos de las mujeres van in
crescendo”, dijo Daptnhe Cuevas, de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe.
En diálogo con agencia noticiosa
Inter Press Service (IPS) apenas concluidas las negociaciones, la activista
mexicana calificó el resultado de “éxito contundente” y elogió a los gobiernos
por haberse comportado “a la altura de las demandas”.
El Consenso de Montevideo
también llama a “asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está
despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto
seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no
aceptados”.
El encuentro fue organizado
por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y el gobierno de Uruguay , con el apoyo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), reuniendo además a 24 organismos regionales e internacionales
y a 260 organizaciones no gubernamentales.
El documento contiene más de
120 medidas sobre ocho temas prioritarios para dar seguimiento al Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), que
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en El Cairo en 1994.
Las recomendaciones serán la
contribución de América Latina y el Caribe a las reuniones de la Comisión de
Población y Desarrollo de la ONU y de la Asamblea General, que se realizarán en
Nueva York el año próximo.
La audiencia total en
Montevideo superó las 800 personas, lo que representa uno de los encuentros
intergubernamentales más grandes de los últimos años en la región, según CEPAL.
Cuevas destacó que el
movimiento feminista halló eco en los ejes centrales de sus reclamos, “como la
ratificación del estado laico como una condición indispensable para el
ejercicio del derecho de las mujeres”.
Efectivamente, el Consenso de
Montevideo, en sus principios generales, reafirma “que la laicidad del Estado es
también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos,
la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra
las personas”.
Al cierre de la conferencia,
el subsecretario de Salud Pública de Uruguay, Leonel Briozzo, sostuvo que lo
acordado es una muestra de que “El Cairo no va para atrás, sino para adelante”.
“Incrementamos
significativamente lo que El Cairo planteó, y lo hicimos desde una diversidad
de enfoques que fueron respetados de una forma absoluta y completa. Como
región, que siempre tenemos el mote de desigual, estamos dando un ejemplo de
democracia”, celebró.
“Pudimos llegar a un acuerdo
donde nadie se vio pisoteado y nadie se vio ignorado. Esta construcción
colectiva, con cerca de 130 acuerdos, la hicimos entre todos. Es un producto
nuestro y es un producto para el mundo”, agregó.
Los países también se
comprometieron a adoptar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de
género e intercultural.
Asimismo, acordaron invertir
más en juventud, especialmente en educación pública, e implementar programas de
salud sexual y reproductiva integrales, dando prioridad a la prevención del
embarazo en la adolescencia, así como a tomar medidas para garantizar un
envejecimiento de calidad.
Cuevas destacó como avance que
se reconocieran los derechos sexuales y los derechos reproductivos como
conceptos separados.
“Dimos un paso más al
reconocerlos por separado. Lo que se aprobó hace 20 años en El Cairo se refería
a los derechos reproductivos, pero no a los sexuales”, indicó.
“Ha avanzado la información,
tenemos conceptos claros y sabemos que no necesariamente los derechos sexuales
están vinculados a la reproducción. Son temas diferentes, hacen sujetos de
derecho diferenciados y en esta ocasión logramos que así se plasmaran en el
acuerdo”, anotó.
“La discusión distó mucho de
las discusiones de otros momentos. Creo que el tono cambió sustantivamente, y
cambió colocando a las mujeres como personas de carne y hueso”, indicó.
Además, se menciona claramente
“el derecho a las orientaciones sexuales y las identidades de género. Las
identidades de género pueden ser variadas y no se había dado el trabajo de
indicarlo en un acuerdo regional. Por primera vez se incluye, no teníamos un
antecedente en un consenso previo, y eso es muy importante”, añadió.
Teresa Lanza, coordinadora de
la organización Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia, dijo a IPS que “el
siguiente paso es que esto se plasme en voluntad política y en presupuestos
suficientes para que todo lo que se ha logrado aquí funcione realmente y haga
carne en la vida de todas las mujeres de América Latina y el Caribe”.
Las activistas atribuyeron
gran parte de los avances al liderazgo de Uruguay. “Tradicionalmente nos enfrentamos
en muchos espacios en el sistema de Naciones Unidas a que el documento base
suele ser un documento que no lastima demasiado los callos de nadie, y si
empiezas a negociar a la baja no necesariamente vas a ganar”, dijo Cuevas.
“Uruguay puso un punto de
partida al alza, y eso nos permitió una negociación en la que los países
tuvimos posibilidad de un diálogo menos panfletario, y menos de ideologías de
entrada”, explicó.
En su punto 88, el Consenso de
Montevideo llama a “respetar y garantizar los derechos territoriales de los
pueblos indígenas, incluidos a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto
inicial, prestando particular atención a los desafíos que plantean las
industrias extractivas y otras grandes inversiones a escala global”, cuestión a
la que inicialmente Chile había presentado reservas.
La líder quechua Tania
Pariona, de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú, dijo a IPS
que “ha habido un trabajo colectivo”.
“Por el momento vemos que los
estados han tenido cierta apertura para con la sociedad civil. Hay buena
recepción, buena visión para lo que se quiere para el futuro de la región y eso
es un avance” (Fuente: Raúl Pierri, IPS).
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