Dando cumplimiento a los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio de Justicia, en nombre
del Estado peruano, ofreció disculpas públicas a los
familiares de Bernabé Baldeón, Saúl Cantoral, Consuelo García y Kenneth
Anzualdo, desaparecidos en las décadas de los 80 y 90.
El acto contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, del ministro de Justicia, Daniel Figallo, de representantes del Ministerio Público, así como de familiares de los desaparecidos, informó hoy RPP Noticias.
En tres sentencias emitidas entre los años 2006 y 2009, la CIDH ordenó la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas a fin de reivindicar el nombre y la dignidad de las víctimas y sus familiares.
En abril del 2006 se declaró la responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, tortura y posterior muerte del agricultor de Bernabé Baldeón, a manos de efectivos del Ejército de la base de Accomarca en Ayacucho, en septiembre de 1990.
En julio del 2007, se encontró responsabilidad en el secuestro y ejecución de Saúl Cantoral Huamaní, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, y de Consuelo García Santa Cruz, fundadora del centro de mujeres "Filomena Tomaira Pacsi", ocurrido en 1989 por el Comando Rodrigo Franco.
Ambos fueron posteriormente asesinados y sus restos encontrados en la playa del estacionamiento del parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.
En noviembre de 2009, la CIDH declaró la responsabilidad del Estado por la detención y posterior desaparición de Kenneth Ney Anzualdo Castro de 25 años, estudiante de economía en la Universidad del Callao. Hasta la fecha se desconoce su paradero (Fuente: RPP).
El acto contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, del ministro de Justicia, Daniel Figallo, de representantes del Ministerio Público, así como de familiares de los desaparecidos, informó hoy RPP Noticias.
En tres sentencias emitidas entre los años 2006 y 2009, la CIDH ordenó la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas a fin de reivindicar el nombre y la dignidad de las víctimas y sus familiares.
En abril del 2006 se declaró la responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, tortura y posterior muerte del agricultor de Bernabé Baldeón, a manos de efectivos del Ejército de la base de Accomarca en Ayacucho, en septiembre de 1990.
En julio del 2007, se encontró responsabilidad en el secuestro y ejecución de Saúl Cantoral Huamaní, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, y de Consuelo García Santa Cruz, fundadora del centro de mujeres "Filomena Tomaira Pacsi", ocurrido en 1989 por el Comando Rodrigo Franco.
Ambos fueron posteriormente asesinados y sus restos encontrados en la playa del estacionamiento del parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.
En noviembre de 2009, la CIDH declaró la responsabilidad del Estado por la detención y posterior desaparición de Kenneth Ney Anzualdo Castro de 25 años, estudiante de economía en la Universidad del Callao. Hasta la fecha se desconoce su paradero (Fuente: RPP).
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