Congresistas
de diversas bancadas condenaron hoy la interceptación telefónica que sufrió el
ministro de Defensa, Pedro Cateriano, donde se grabó en forma clandestina una
conversación que sostenía con una persona desconocida sobre la adquisición de
implementos, para utilización de los pobladores y los destacamentos de las Fuerzas Armadas estacionados en la zona
destinada a la pacificación en el VRAEM.
La ilegal
grabación hecha hace ocho meses, en la que el Ministro de Estado hablaba sobre
un convenio firmado entre su portafolio y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), fue dada a conocer ayer por un espacio televisivo.
Juan Carlos Eguren, parlamentario de Alianza por el
Gran Cambio (APGC) indicó que estas prácticas ilegales afectan los derechos
fundamentales de todos los peruanos, la privacidad de las personas y la
democracia.
"Nos
genera una absoluta sensación de inseguridad, en este caso se ha afectado al
ministro de Defensa quien, como parte de sus funciones, maneja temas de
seguridad nacional, eso es muy delicado", anotó.
Demandó
la unidad de todas los peruanos para exigir el esclarecimiento de estos hechos
y, sobre todo, para poner fin a este tipo de prácticas que anteriormente
afectaron también a Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial de su
agrupación política, el Partido Popular Cristiano.
Víctor Andrés García Belaunde de la bancada Acción
Popular-Frente Amplio (AP-FA), por su parte, opinó que el contenido de la conversación interceptada
al ministro Cateriano evidenciaría que sus acciones para la compra centralizada
de pertrechos militares, habría desplazado a varios proveedores.
"Hemos
visto como en el VRAEM se gasta mucho dinero en comprar armas que a veces
llegan obsoletas, allí hay proveedores que están siendo desplazados -lo cual
esta bien- y quieren imponerse, creo que estamos viendo el poder de estas mafias",
afirmó.
El
congresista Carlos Tubino
(Fuerza Popular), en tanto, consideró que no se debe escatimar esfuerzos para identificar de manera inmediata a los
responsables de las escuchas ilegales.
Prácticas
como estas -aseguró- no deben dejarse de lado por tratarse de una de las más
altas autoridades del Gobierno que maneja información de suma importancia para
el Estado y para todos los peruanos.
Finalmente
la congresista nacionalista, Ana María
Solórzano, calificó de "gravísimo" y peligroso que las conversaciones
del ministro de Defensa estén siendo interceptadas y difundidas, por la
naturaleza de la información que maneja.
Comentó
que el contenido de la interceptación telefónica difundido anoche por un medio
de comunicación, no evidencia delito, ni irregularidades en el manejo de esta
institución.
"La
mayoría de parlamentarios coincide en que es preocupante este hecho, son
conversaciones de alto nivel que no pueden ser interceptadas, reprochamos que
de esta actividad ilegal y se quiera sacar provecho", aseveró (Fuente: Andina).
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